Repiten el juicio a un pederasta para que la defensa pregunte a la víctima

El Constitucional ampara a un hombre acusado de abusar de una niña de 9 años

NIEVES COLLI
MADRID Actualizado:

El Tribunal Constitucional ha ordenado repetir el juicio contra un hombre que fue condenado a dos años y medio de prisión por abusar sexualmente de una niña de nueve, amiga de su propia hija. Lucas G. A. tendrá una nueva oportunidad ante la Justicia porque el TC entiende que en la causa penal que se siguió contra él «no se respetaron sus derechos mínimos de defensa». María (nombre supuesto de la víctima) tendrá que pasar de nuevo por el calvario de recordar un episodio que nunca quiso vivir.

Es la pugna entre el derecho de defensa del acusado y el de los menores víctimas de delitos sexuales a ser protegidos lo que el TC trata de resolver. Un conflicto que no es nuevo para la jurisprudencia del Tribunal Supremo, pero que nunca hasta ahora había abordado de manera directa el máximo intérprete de la Constitución.

La sentencia recuerda que el Convenio Europeo de Derechos Humanos establece que «es derecho mínimo» de todo acusado «interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él (...)». Pero ese derecho puede sufrir ciertas limitaciones si el testigo es un menor que ha sido víctima de un delito sexual.

Cuando la víctima es un niño, «resulta legítimo adoptar medidas de protección en su favor» y se puede «impedir, limitar o modular su presencia en el juicio oral para someterse al interrogatorio personal de acusación y defensa». Se trata de evitar situaciones que pueden afectar de forma negativa a su desarrollo personal. No obstante, esas medidas de protección «han de ser compatibles» con el derecho del acusado a defenderse, por lo que es obligación de los tribunales «tomar otras precauciones» que «reequilibren los déficits de defensa». El sospechoso, insiste el TC, «debe tener la posibilidad de dirigir preguntas al menor, de forma directa o indirecta», durante la primera comparecencia de la víctima o después.

En el caso de María, la razón cae del lado del acusado. Su abogado no dispuso «ni en sede policial ni en fase sumarial ni en el acto del juicio oral de una sola posibilidad de interrogar a la menor» cuyas manifestaciones ante la Policía constituyeron la prueba de cargo fundamental. Un error de la Justicia que la niña sufrirá en sus carnes al verse obligada ahora a comparecer en la repetición del juicio.