La presión del Estado obliga a los pistoleros a echar el cierre
Atentado en la plaza de la República Dominicana de Madrid, en 1986: doce guardias civiles asesinados - ABC

La presión del Estado obliga a los pistoleros a echar el cierre

La atrocidad de la T-4 con la que rompióel «proceso de paz»en 2006 marcóel comienzo de su final

MADRID Actualizado:

Medio siglo y 857 asesinatos después, 811 perpetrados ya en Democracia, ETA echa el cierre. Y lo hace no porque haya llegado a la conclusión de que el tiro en la nuca, las bombas, el secuestro o la extorsión son crímenes brutales incompatibles con ninguna reivindicación política, sino porque las Fuerzas de Seguridad del Estado, la Justicia, la unidad de las fuerzas democráticas, la colaboración internacional y la falta de apoyo social en el País Vasco la han llevado hasta una situación de extrema debilidad. No tenía salida; o los pistoleros abandonaban, o su destino era la cárcel.

El bautizo de sangre de los etarras no pudo ser más cobarde. El 28 de junio de 1960 la niña de de un año Begoña Urroz murió alcanzada por una bomba colocada en la estación de Amara, en San Sebastián. A ella la siguieron, años después, el guardia civil de Tráfico José Pardines y el comisario de la Policía Melitón Manzanas, los primeros asesinados de una larga lista de miembros de las Fuerzas Seguridad. En diciembre de 1973, se produjo el golpe más espectacular: el atentado contra el entonces presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco.

Oportunidad desperdiciada

ETA tuvo mejor oportunidad de autodisolverse y convertirse en un partido para defender sus ideas por vías exclusivamente políticas en 1977, cuando tras el desmantelamiento del franquismo las Cortes aprobaron una amnistía general. No solo no lo hizo, sino que a partir de ese momento se convirtió en una banda cada vez más sanguinaria. Así, en 1980 asesinó a cien personas. Al año siguiente, secuestraron, torturaron y mataron, entre otros, al ingeniero de la central nuclear de Lemóniz José María Ryan, y en 1983 al capitán de Farmacia Martín Barrios. Más tarde comenzaron los asesinatos masivos, como el de los guardias civiles de la plaza de la República Dominicana de Madrid, Hipercor de Barcelona o la casa cuartel de Zaragoza. A golpes policiales contundentes, como en 1992 la operación de Bidart en la que cayó la cúpula etarra más sanguinaria, formada por «Pakito», «Txelis» y «Fiti», la banda respondía con más crímenes y una capacidad de regeneración incuestionable. El secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua (Vizcaya) Miguel Ángel Blanco, en 1997, fue otro punto de inflexión.

El Estado, no obstante, no se detenía, y algunas decisiones políticas, como la dispersión de los presos y la Ley de Partidos aprobada durante el gobierno de Aznar gracias a un pacto con el PSOE, y con la oposición, entre otros, del PNV, lograron resultados importantes. Pero los dintintos gobiernos, además, han intentado acabar con el terror por la vía de la negociación. La banda asesina, a lo largo de sus 51 años de historia, ha utilizado siempre sus treguas trampa para reorganizarse. La última vez fue con motivo del alto el fuego de marzo de 2006, en la primera legislatura de Zapatero. La Guardia Civil y la Policía recelaron desde el primer momento del famoso «proceso de paz», en contraste con el optimismo que reinaba en el Gobierno. Por ello, no levantaron el pie del acelerador, no se replegó agente alguno pese a determinadas opiniones y utilizaron ese periodo para conocer aún mejor los entresijos de una organización que ya por entonces se había debilitado.

Efecto bumerán

En este contexto, el 30 de diciembre de 2006 ETA cometió su mayor error: la atrocidad de la T-4 del aeropuerto madrileño de Barajas, en el que murieron dos inmigrantes ecuatorianos. Aunque el Gobierno de Zapatero aún mantuvo viva la negociación, aquel atentado desencadenó una oleada continua de operaciones en las que se desarticulaban cúpulas cuando apenas había pasado un mes de la caída de la anterior.

A raíz de aquello, la banda no se enfrentó solo a una contundencia policial sin precedentes. Su brazo político también quedó reducido a un papel marginal con la aplicación implacable de la Ley de Partidos, que lo dejó fuera del Parlamento vasco y en condiciones precarias en los municipios. No solo eso; la operación de Bateragune, con la que se impidió la refundación de Batasuna y en la que se detuvo a individuos como Otegi o Díaz Usabiaga —ambos condenados a diez años de prisión—, también fue un mensaje nítido de que no había marcha atrás en la firmeza del Estado.

División de los presos

El apoyo social, además, disminuyó a pasos agigantados, pues los ciudadanos pensaban que esa vez sí era posible el final del terrorismo. Por muchos ejercicios dialécticos que hicieron los batasunos para tratar de responsabilizar al Gobierno de lo ocurrido, todos sabían que ETA era la única culpable. Los presos tampoco tragaron ese anzuelo, y ante la perspectiva de pasar una larga temporada en prisión —la «doctrina Parot» cayó sobre ellos como una losa—, comenzaron las divisiones en el colectivo.

La izquierda abertzale —los mismos que durante décadas habían justificados los crímenes de la banda— entendió entonces que debía desmarcarse. Por primera vez los «políticos» se imponían a los «militares», aunque fuera por motivos tácticos. Sabían que si no podían presentarse a las elecciones autonómicas de este año su final habría sido irreversible.

Así se llegó al último alto el fuego de la banda, que ha pasado de «permanente» a «verificable», y ayer, finalmente, a «definitivo». No porque ETA haya cambiado, sino porque la Democracia ha derrotado a la banda.