Pavorosa imagen del estado en que quedó uno de los trenes a su paso por la calle Téllez - AP

Bin Laden alentó el atentado más salvaje de la historia de España

La cadena de explosiones contra los trenes de cercanías se saldó con 191 fallecidos

CRISTINA DE LA HOZ
MADRID Actualizado:

Las amenazas de Al Qaida a España se convirtieron en realidad en el horror de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid. España había estado siempre en los enloquecidos discursos del líder de los terroristas islámicos y de sus adláteres y aquel día se consumó una tragedia que contabilizó 191 víctimas mortales —cifra a la que hay que sumar al geo Francisco Javier Torrenteras— y cientos de heridos. En este sentido, la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, tuvo ayer un recuerdo para los atentados de Madrid, además de los de Bali, Estambul, Londres o Nueva York, y se solidarizó con los miles de familias «cuyos seres queridos murieron en la campaña de terror y violencia de Osama bin Laden».

Lo que marcó la diferencia con respecto a lo que pasó tres años antes en Nueva York y un año después en Londres es que la cadena de atentados contra los trenes de cercanías de Madrid se produjo en un momento político de extrema delicadeza: en la recta final de las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, lo que contribuyó a generar un clima de enrarecimiento y crispación política casi sin precedentes en democracia. Eso, unido a la participación de España en la guerra de Irak se convirtió en un cóctel político de alta tensión. A ojos de muchos ciudadanos, los atentados del 11-M fueron consecuencia directa del respaldo a la intervención militar en Irak en 2002, guerra que motivó grandes manifestaciones de condena en toda Europa además de una campaña contra el Gobierno de Aznar.

Apenas dos horas después de estalladas las bombas del 11-M, Moncloa trasladó dos consignas a Génova: que no hubiera ninguna mención al entonces líder de ERC, Josep Lluis Cardo Rovira —que se había entrevistado con ETA para asegurarse de que no atentara en Cataluña— y que no se desarrollara ninguna estrategia conjunta con el PSOE. En aquel momento se le atribuye al sociólogo de cabecera del PP, Pedro Arriola, la frase de «si es ETA, ganamos las elecciones, si son los islamistas, las perdemos».

Con esta conclusión, —a la que no sólo debió llegar supuestamente Pedro Arriola—, el PSOE articuló una campaña basada en la acusación de que el Gobierno mantuvo la ficción de la autoría de ETA cuando todos los indicios apuntaban al terrorismo islámico. «Los ciudadanos españoles se merecen un Gobierno que no les mienta», sentenció Rubalcaba la noche del 13-M. Es cierto que al principio pocos dudaron en dirigir el dedo acusador contra ETA, incluido el entonces lendakari, Juan José Ibarretxe, pero las horas y las evidencias iban desinflando la opción etarra.

Primeras detenciones

No deja de ser paradójico que mientras el Gobierno se debatía en la confusión, las FSE, al mando de ese mismo Gobierno, desarrollaban su actividad y hacían las primeras detenciones tan sólo unas pocas horas antes de la cita ante las urnas. Demostraron una profesionalidad que no tuvo paragón ni en Estados Unidos ni en el Reino Unido. Las detenciones fueron casi contadas por Interior en tiempo real, detalle criticado por otros miembros del Gobierno. La mayoría de los islamistas que se sentaron en el banquillo de los acusados en 2007 habían sido detenidos gobernando todavía Aznar.

Desde el PP, —al margen de las teorías conspiratorias que alentaron desde la oposición muchos de sus miembros—, se acusó al PSOE de organizar una campaña de «agit prop» que tuvo su máxima expresión en el acoso a las sedes del PP, especialmente la de la calle Génova, sitiada por centenares de ciudadanos convocados vía «sms». La sensación de que los socialistas aprovecharon los muertos para alcanzar el poder permaneció (y permanece) en la retina de muchos populares.

Además, los atentados del 11-M supusieron, desde el punto de vista de la seguridad, la dolorosa constatación de que además de la amenaza de ETA, España sumaba la del terrorismo islámico, muchas veces minimizado. Cabe recordar en este sentido las bromas de la oposición socialista a cuenta de lo que se dio en llamar el «comando Dixan» a raíz de la detención en enero de 2003 en Gerona y Barcelona de 16 marroquíes y argelinos por su relación con Al Qaida. Durante el juicio, uno de los detenidos explicó que la sustancia blanca que les habían incautado era detergente, de ahí el infortunado apelativo que escogió el PSOE. La Audiencia Nacional condenó a cinco de ellos, penas que posteriormente rebajó el Supremo aunque mantuvo la acusación de pertenencia a organización terrorista.

Sin bajar la guardia

Precisamente, durante el desarrollo de la comisión parlamentaria que investigó los atentados del 11-M se suscitó la cuestión sobre si había existido un «agujero» de seguridad respecto al terrorismo islamista con un Gobierno y unas FSE más centradas en combatir a ETA. Por ejemplo, el entonces comisario de la Unidad Central de Información Exterior de la Policía, Mariano Rayón, defendió en dicha comisión que España había sido mucho más activa en la lucha contra el terrorismo islámico que el resto de los países de nuestro entorno y que, además, éramos un objetivo para Al Qaida. Se estaba atento, pero no se pudo prever la masacre.