Gallardón quiere despolitizar la Justicia

Gallardón quiere despolitizar la Justicia

Elaborará un Estatuto de la Víctima que recoja sus derechos, la proteja y la asista

NATI VILLANUEVA
MADRID Actualizado:

A las doce y cuarto de la mañana, en el Palacio de Parcent, el hasta el momento ministro de Justicia, Francisco Caamaño, pasaba ayer la cartera de este departamento a su sucesor con la certeza de que iba a parar a las «mejores manos»: las de Alberto Ruiz-Gallardón. Así lo aseguró el último ministro del Gobierno de Zapatero en el mismo sitio y a la misma hora que tres años atrás Mariano Fernández Bermejo hiciera lo propio con él, aunque en aquel caso el traspaso fuera más abrupto, más forzado —aun dentro del mismo Ejecutivo— y con una carrera judicial en pie de guerra con el compañero de cacerías del juez Baltasar Garzón.

El de Ruiz-Gallardón fue un discurso repleto de buenos propósitos —«haré que la justicia sea uno de los mejores servicios», dijo—, pero también de contenido, pues en pocos minutos anunció su intención de reformar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el de los magistrados del Tribunal Constitucional, órgano que se renovará de manera inmediata, «por supuesto, siempre en diálogo con la oposición». No dio pistas sobre esa reforma, pero a la vista de que se trata de mejorar la imagen de la Justicia, todo apunta a que cualquier intento de modificación en la composición del órgano de gobierno de los jueces tendrá como objetivo despolitizar la imagen de este servicio público. Y es que es una constante en la judicatura la reivindicación de que el legislativo tenga menor participación en la elección de los vocales del Consejo y que se permita el sufragio directo de los jueces en este proceso, lo que evitaría la lamentable imagen del reparto del pastel a la que estamos acostumbrados.

«Afán inconformista»

Para el nuevo ministro, la cartera que le ha confiado Rajoy «es una de las más grandes responsabilidades» que ha tenido nunca. El «afán inconformista» y la «apuesta por la modernización» han presidido, dijo, su carrera política y le han proporcionado un «impulso rebelde» que ha reivindicado ante un «mundo cuajado de miedos, de defectos e injusticias». Ruiz-Gallardón cree que ser rebelde significa «no aceptar la fatalidad, no ceder al desaliento y abrir caminos donde la senda de los problemas parece cerrarse».

En este contexto, se comprometió a preservar los principios de independencia e imparcialidad en las instituciones judiciales y también en el Ministerio Fiscal —el papel de Conde-Pumpido en las dos últimas legislaturas ha sido especialmente controvertido—, y pidió el compromiso de todos los agentes que intervienen en la Administración de Justicia —jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados o procuradores— para contribuir a su modernización. El nuevo ministro abogó por simplificar los procedimientos, el refuerzo del principio de oralidad, la incorporación de los juicios rápidos en el orden civil, el desarrollo de la Ley de Jurisdicción Voluntaria y la Ley de Arbitraje. Los jueces y magistrados, dijo, deben conocer de aquellos asuntos que verdaderamente requieran de su intervención, lo que descongestionaría el sistema dando al ciudadano una respuesta más rápida.

Arropado por los que en su día fueron titulares de esta cartera con Aznar como presidente, Ángel Acebes y José María Michavila, el ya ex alcalde anunció que elaborará un Estatuto de la Víctima que recoja «sus derechos y medios de acceso a la información», así como su «protección jurídica y asistencia social y psicológica».