LEY DE DERECHOS

El PP exige a Chacón un Régimen Disciplinario antes del 1 de abril

P. CERVILLA
MADRID Actualizado:

El Grupo Popular no quiere que la Ley de Derechos y Deberes se tramite en el Congreso de los Diputados sin que vaya acompañado de un Régimen Disciplinario, que especifique el reglamento sancionador. Por ello, ha presentado una enmienda a la Ley de Derechos y Deberes, cuyo plazo finalizó ayer, para que se modifique la Disposición final Sexta y se recoja que «el Gobierno deberá remitir al Congreso de los Diputados, antes del día 1 de abril, un proyecto de ley que reforme la Ley Orgánica 8/1998 de 2 de diciembre, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas».

La modificación que han introducido los populares se refiere a la fecha de presentación de este proyecto de ley, ya que en el texto remitido por el Gobierno al Parlamento, solo dice que «el Gobierno deberá remitir al Congreso de los Diputados un proyecto de ley que reforme la Ley Orgánica 8/1998», sin especificar el tiempo.

Esta es una de las más de 30 enmiendas presentadas por los populares, que suponen la modificación de 32 artículos, la supresión de dos, además de proponer ocho disposiciones finales nuevas que afectan a la Ley de la Carrera Militar. Sobres estas disposiciones, los populares considera «urgente» cambiar algunos aspectos relacionados con los suboficiales en materia de retribuciones (artículo 24), homologación con empleados públicos (artículo 6), asistencia jurídica (artículo 28) y ascensos (artículo 17), según aseguró a ABC la portavoz popular, Beatriz Rodríguez-Salmones.

El PSOE negociará

Por su parte, el Grupo Socialista solo presentó «enmiendas técnicas», según señaló el portavoz de Defensa, Jesús Cuadrado, quien reconoció que su formación política está dispuesta a «negociar» con el resto de los grupos. Algunos de los aspectos a negociar serían la potenciación de las funciones del Consejo de Personal y las cuestiones relacionadas con la libertad religiosa.

Los nacionalistas catalanes han presentado 60 enmiendas. El portavoz de CiU, Jordi Xuclá, señaló a ABC que afectan a la posibilidad de que los militares se afilien a partidos políticos y a que el Obesrvatorio de la Vida Militar dependa del Congreso, entre otras.