Alivio preocupante

ANÁLISIS

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MANUEL MARÍN

La sentencia del Tribunal Supremo que por primera vez permite excluir de las urnas a todas las candidaturas sucedáneas de la ilegal Batasuna en unas elecciones locales tiene consecuencias que van mucho más allá de lo estrictamente jurídico. Acreditado queda que Bildu es «testaferro» de ETA y que dos de los componentes de esta coalición, Esuko Alkartasuna y Alternatiba, no midieron con un mínimo de inteligencia política los riesgos de subordinarse a un partido ilegalizado como Batasuna. Pero acreditado queda también que un PSOE crédulo, «posibilista» e ingenuamente entregado a la enésima argucia de los proetarras contra la democracia va perdiendo su guerra contra ese otro PSOE escarmentado de las eternas mentiras de ETA y temeroso de que el Pacto Antiterrorista salte en pedazos. Si a estas alturas algo ha conseguido la merma de liderazgo de Rodríguez Zapatero es que el socialismo hable de Bildu con tantas voces como confusión.

Tristemente, empieza a ser costumbre que las decisiones de la Sala especial del Supremo contra ETA no sean unánimes, y que esté rota casi en dos mitades. Pero no es cierto que la «izquierda judicial» sea un bloque monolítico sojuzgado a los deseos de un solo PSOE, encarnado por Jesús Eguiguren —todavía presidente de los socialistas vascos— y por otros pertinaces manipuladores —el PNV a la cabeza— que han pretendido desacreditar sin rubor los informes de las Fuerzas de Seguridad contra los proyectos de futuro de la banda. Sencillamente, la sentencia permite demostrar que la Ley de Partidos Políticos no ha quedado enterrada en vida ni desvirtuada en sus fines. No está obsoleta, lo cual es un alivio para quienes aspiren a no ver durante mucho tiempo a un sucesor de «Josu Ternera» como miembro de una comisión de derechos humanos en una sede parlamentaria.

ETA provoca grietas en la Justicia. Tan legítimas como preocupantes.Hay síntomas de que el pulso jurídico-legal contra ETA y sus renovados «brazos políticos» es cada vez más difícil de mantener y que la democracia merece protegerse con mecanismos correctores aún más eficaces para evitar las nocivas señales de división que emite el Supremo. Pero de momento no hay una doctrina rupturista que recupere a ETA y sus herederos para las instituciones. Queda pendiente un fallo del Tribunal Constitucional, que hasta ahora nunca ha desautorizado al Supremo en un proceso de elecciones municipales o autonómicas, aunque sí europeas . Hoy, las presiones sufridas por el Supremo ya se reproducen sobre un Constitucional vigilado malévolamente a partir de «bloques» de naturaleza ideológica y disciplina partidista. La prudencia invita a la reserva, y la eficacia del Supremo contra Bildu, a la lógica... y a la esperanza del definitivo destierro de quienes no merecen ningún sillón en ningún ayuntamiento.