La acción popular quiere que se juzgue a Garzón por extorsión

Pedirá a Marchena que amplíe la acusación a este delito, castigado con prisión

MADRID Actualizado:

Los abogados que presentaron la querella contra Baltasar Garzón por la financiación de los cursos que impartió durante su estancia académica en Nueva York pedirán el enjuiciamiento del juez por un delito de extorsión, que se castiga con penas de cárcel, cuando formalicen el recurso contra el auto que da por concluida la instrucción. Así lo anunciaron ayer Antonio Panea y José Luis Mazón en una nota de prensa que responde al comunicado con el que, el sábado, Garzón rechazaba la imputación por cohecho impropio efectuada por el instructor del Tribunal Supremo Manuel Marchena.

Según los dos abogados, Garzón «se coloca en una postura insostenible al negar la evidencia de sus solicitudes de patrocinios a grandes empresas, “ex clientes” o “potenciales clientes” de la Audiencia Nacional, que constan acreditadas en el proceso». E insisten en que Garzón solicitó 2.595.375 dólares y obtuvo por sus gestiones 1.237.000. «Garzón está negando la evidencia olvidando las variadas pruebas que le incriminan, entre ellas la famosa carta de “Querido Emilio” de enero de 2006, en la que pide al presidente del Banco Santander, Emilio Botín, que le autorice un presupuesto económico para los cursos que él dirige, y de cuyos fondos se pagó el salario de su asistente personal, así como otros gastos», indican.

A juicio de Mazón y Panea, Garzón usó su cargo para pedir fondos a Telefónica, BBVA, Cepsa y Endesa, que tuvieron o pueden tener casos en su juzgado, con lo que incurrió «en una conducta penalmente prohibida y no sólo a título de cohecho». En el comunicado, califican dicha conducta de «incompatible con la deontología y obligaciones de un juez y hasta de un ciudadano, por picaresca ocultación de su segundo sueldo». En consecuencia, anuncian que en el recurso que presentarán contra el auto de Marchena para pedir que Garzón sea juzgado también por prevaricación, solicitarán que se califiquen los hechos como constitutivos de un delito continuado de extorsión.

Pruebas rechazadas

«Si quedan claros los hechos de forma definitiva, como él dice pedir en su comunicado, corre el riesgo de verse en prisión porque las conductas que describe Marchena, que Garzón se valió del cargo para obtener fondos de grandes empresas anteriores o potenciales clientes de su juzgado y de los juzgados de la Audiencia Nacional, podrían encajar en un delito continuado de extorsión», advierten los querellantes.

Por otra parte, antes de dictar su acto de conclusión de la investigación, el magistrado Manuel Marchena había rechazado las cuatro pruebas de descargo solicitadas por la defensa de Garzón en la causa de Nueva York. Se trata de la declaración de dos testigos, una pericial y una prueba documental que, según marchena, no aportarán luz para el esclarecimiento de los hechos.