Zapatero corrige a Casas y niega la «crisis institucional»

Recogiendo el guante que le ha lanzado el senador catalán de CiU Jordi Vilajoana sobre la posibilidad de que pueda contar con mayorías absolutas en las Cortes para cambiar la Ley General del TC y limitar los plazos para la citada renovación, Zapatero ha admitido que "se puede hablar" de cambiar la Ley que regula el Constitucional, pero añadió que "a día de hoy" es preferible que el Alto Tribunal funcione conforme a la ley actual. "Al Tribunal Constitucional lo que es del Tribunal Constitucional y al Parlamento lo que es del Parlamento", ha espetado en la sesión plenaria en la Cámara Alta.

Tras subrayar que los cuatro años que lleva al recurso contra el Estatuto en el TC es un plazo que se encuentra "en la media histórica", ha recalcado en que, mientras no se acuerde la renovación, los partidos deben ser "extraordinariamente fieles al espíritu y la letra de las reglas constitucionales" y dejar trabajar al tribunal.

Vilajoana le había pedido su opinión sobre el acuerdo entre PSC y CiU para que el TC se inhiba en el caso del Estatuto catalán, cuya sentencia lleva pendiente cuatro años, y le reclamó un cambio de la ley para que el Constitucional no tenga que pronunciarse sobre leyes refrendadas en referéndum y para que los miembros que tengan su mandato caducado cesen al cabo de un tiempo.

El jefe del Ejecutivo le ha replicado que el Constitucional no puede "abdicar" de sus responsabilidades y que, en todo caso, la renovación de los miembros del Alto Tribunal debe hacerse con "sosiego" y "discreción", no en medio del debate público actual. En la misma sala, se han repartido culpas el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y la secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, se han repartido hoy culpas por la estancada renovación de algunos magistrados del Tribunal Constitucional (TC). El titular de Justicia y la "número dos" del PP, quien ha reprochado a Caamaño no haber salido en defensa del Alto Tribunal se han enzarzado hoy en un tenso debate durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Senado. Ambos han relatado dos versiones muy diferentes sobre cómo cuatro de los magistrados del Constitucional, los que dependen del Senado, permanecen aún en sus puestos a pesar de haber agotado el mandato, y si para De Cospedal la responsabilidad es del Gobierno, para Caamaño la culpa hay que atribuirla al PP.

La secretaria general de los populares ha acusado también al Ejecutivo de "estar sometiendo a casi todas las instituciones del Estado a unas presiones intolerables", especialmente dos de las más importantes del ordenamiento español, el Constitucional y el Supremo. La situación, según ha recalcado De Cospedal, llevó ayer a Casas a "salir en defensa" del Tribunal Constitucional a pesar de que deberían haber hecho eso mismo los integrantes del Gobierno, en concreto el propio Caamaño. Ha añadido: "Está siendo el PSOE el que avala los ataques al Constitucional". De Cospedal ha sentenciado que la responsabilidad del deterioro que puedan padecer algunas instituciones será únicamente del equipo de Zapatero. Caamaño ha respondido con una reclamación al PP: "Sigan el criterio de la Constitución y actúen con lealtad, y hagan posible la renovación de las instituciones democráticas".

Precisamente sobre la renovación del Constitucional, la dirigente del PP y el ministro de Justicia han ofrecido dos versiones muy diferentes. Caamaño, tras indicar que el Gobierno "siempre ha actuado con respeto institucional y lealtad institucional", ha manifestado que si el plazo de renovación de cuatro magistrados no ha culminado, se debe a que "el PP ha hecho todo lo posible para impedirlo". Primero, de acuerdo con sus palabras, los populares recurrieron la modificación de la Ley Orgánica del TC aprobada en 2007 para permitir que los parlamentos autonómicos incidieran en la designación de los magistrados; segundo, los populares recurrieron la modificación del reglamento del Senado que daba pie a la articipación de las comunidades, según recoge Efe. En ambos casos, el Alto Tribunal estableció qué procedimiento encajaba con la Constitución. Pese a ello, ha afirmado Caamaño, el "puesto de mando" del PP "dio la orden de que se presentaran sólo dos candidatos" en las listas de los parlamentos autonómicos en los que los populares tienen mayoría, negando con ello la autonomía de las cámaras territoriales, según el ministro.

Para De Cospedal, es el Gobierno el que "ha bloqueado cualquier posibilidad de acuerdo". Por un lado, ha subrayado, modificó la Ley Orgánica del TC creando "minorías de bloqueo", y por otro, propició que Casas alargara su mandato. "Y luego cambiaron el procedimiento para que los magistrados del Constitucional los designaran las comunidades autónomas, pero nuestras propuestas no les gustaron, y entonces interrumpieron "sine die" el proceso de elección", ha resumido la dirigente del PP.