Votar por libre en el Parlamento tiene un precio

Esas son las normas asumidas por todos en el Congreso. O casi todos, porque siempre hay quien se rebela. En la hemeroteca hay casos que fueron noticia, como el de Celia Villalobos , por sus votos discrepantes con su partido sobre el aborto o el matrimonio homosexual, o el de Federico Trillo , cuando se opuso a reformar la ley del divorcio en 2005, en contra también de su grupo, que ordenó la abstención. El más reciente en el PP es el de Álvarez de Toledo, inmersa en un pulso con el PP para defender su libertad y autonomía como diputada. La autora de 'Políticamente indeseable' recurrió la sanción de 500 euros, por 'falta grave', que le impuso la dirección del Grupo Popular el Día de Reyes por la noche. Alegó que esa multa es inconstitucional, por contravenir lo que marca la Constitución en dos artículos, el 67.2 («los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo») y 79.3 (el voto de los diputados y senadores «es personal e indelegable»).

Álvarez de Toledo denunció, además, que la sanción se basa en unos estatutos que «nunca han sido publicados», y que prevén una reunión plenaria previa del grupo parlamentaria para debatir y definir su posición, en este caso sobre la renovación del Tribunal Constitución, que no llegó a producirse. La exportavoz consideró que lejos de avanzar hacia la despolitización de la Justicia , como defiende el PP de forma clara, el acuerdo que se llevó al Pleno incidía en lo contrario. Y por eso votó en blanco, «en conciencia», y no a favor, como el resto de sus compañeros de filas. El expediente de Álvarez de Toledo es uno de la treintena que ha abierto el PP esta legislatura, casi todos motivados por ausencias sin una justificación previa: «En el 99,9 por ciento de las votaciones no hay problemas», aseguran en los mandos del PP. Al menos los errores a la hora de pulsar el botón de la votación no son motivo de expediente.

Desde la dirección del Grupo Popular se defienden las normas actuales con la boca pequeña: «Así funcionan las cosas». Pero si la conversación se alarga más de medio minuto, es fácil que cualquiera reconozca que hace falta, como mínimo, una reforma urgente de un Reglamento , cuyo texto original data de 1982, aunque se haya reformado de forma parcial y puntual en catorce ocasiones, sin tocar sus líneas maestras. Esa modificación es una de las tareas urgentes del Parlamento español, entre otras razones para dinamizar el debate parlamentario y dotar de más autonomía al diputado frente a la 'dictadura' de los grupos parlamentarios.

En el PSOE, uno de los propulsores de esa reforma es el diputado Odón Elorza, pero sus propuestas de momento están guardadas en un cajón, a la espera de que llegue, algún día, un contexto más dialogante en la política nacional. Elorza también rompió la disciplina de su grupo cuando se votó la renovación del TC, al negarse a apoyar a uno de los candidatos propuestos por el PP, Enrique Arnaldo. Elorza sí comunicó previamente a la dirección de su grupo parlamentario que no respaldaría ese nombre y pidió disculpas al resto de sus compañeros por la situación incómoda que podía crear. Aun así, se le abrió el correspondiente expediente.

El diputado del PSOE por Guipúzcoa y ex alcalde de San Sebastián tiene un historial prolífico de votaciones que no siguen la línea marcada por su grupo a lo largo de sus nueve años en el Congreso. El primer expediente se le abrió en 2013, al votar a favor de una iniciativa de IU para reformar los aforamientos. En 2014, fue el único diputado socialista que se abstuvo, «por conciencia», en la ley de la abdicación de Don Juan Carlos . En 2016, fue uno de los 15 diputados del Grupo Socialista que votó en contra de la investidura de Rajoy. En este último caso, además de la sanción hubo otro tipo de represalias: «Sufrí una degradación y me retiraron responsabilidades».

Podría parecer que Elorza actúa como un diputado díscolo, pero el diputado ha participado «en miles de votaciones», como explica a ABC, y sus votos discrepantes son contados, «siempre por conciencia o por incumplimiento de un compromiso electoral». Él cree que una disciplina de voto es necesaria para que funcione un grupo político, pero debe darse más autonomía a los diputados, sobre todo en voto de conciencia, algo ya previsto en los estatutos pero de forma muy poco precisa, «Tiene que haber un equilibrio entre actuar como un batallón y el desmadre».

Algunos pensarán que esa obediencia que exigen las direcciones de los partidos es algo de la vieja política . Error. Los 'nuevos', que ya no lo son tanto, llegaron con el mismo lastre. Lo sabe bien Fran Carrillo : « Me llaman la Cayetana de Ciudadanos , porque voy por libre». El caso del diputado autonómico andaluz y ex senador no es de indisciplina de voto, sino de represalias políticas por desmarcarse de los gerifaltes actuales de su partido y tener voz propia sobre la manera de entender lo que debería ser un funcionamiento democrático y liberal interno. Carrillo se vio obligado a renunciar a su acta de senador por exigencias de la dirección de Ciudadanos, después del relevo en la ejecutiva nacional. Según denuncia, ha sido apartado de cualquier responsabilidad y tiene asumido que no estará en las próximas listas electorales de su partido en Andalucía. Defiende una reforma de la ley electoral, para que haya una relación más estrecha entre el elector y su representado. «Si ser verso suelto es criticar los comportamientos malvados y malignos que se relacionan con la vieja política, entonces sí, lo soy».

Todos los diputados coinciden en que una reforma a fondo del Reglamento del Congreso y de la ley electoral sería positiva para dar más autonomía a los diputados, pero el consenso para abrir esos melones está lejos de producirse. Mientras tanto, las direcciones de los partidos y los grupos parlamentarios se ven amparados por la ley y el Tribunal Constitucional en su funcionamiento.

La Constitución protege al diputado, pero también resalta la importancia y el protagonismo de los partidos en la vida política, como «instrumento fundamental para la participación política» (artículo 6). En el mismo punto, subraya que «su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos».

En la normativa electoral, son los partidos los que seleccionan y presentan a los candidatos, financian las campañas, vigilan la limpieza del proceso y deciden el orden en las listas, algo clave en nuestro sistema. Además, se presentan con un programa ante los electores. Todo ello en un sistema electoral de listas cerradas y bloqueadas, en el caso del Congreso, que no permite hablar de votos recibidos de forma directa por un diputado. El Tribunal Constitucional ha avalado la autonomía del diputado frente al mandato imperativo, pero también ha resaltado el protagonismo y relevancia de los partidos, mientras que el reglamento del Congreso sigue dando prevalencia a los grupos. La teoría constitucional está desequilibrada en la práctica y todos lo saben, pero para ponerle remedio haría falta un amplio acuerdo que, por ahora, se antoja imposible.