Visto para sentencia el juicio a los agresores de los guardias civiles de Alsasua

Como el día anterior, las defensas han intentado desvirtuar los informes médicos de los agredidos y han calificado los hechos como unas lesiones leves: «La agresión multitudinaria y salvaje de la que habla la Fiscalía es incompatible con el cuadro que presentaban estas cuatro personas», ha sostenido este viernes la defensa de Jon Ander Cob , uno de los ocho procesados.

En el trámite de conclusiones definitivas la letrada ha concluido que el único que presentaba lesiones reseñables era el teniente, con fractura de un tobillo y una herida en el labio. Por su parte, las policontusiones del sargento pudieron responder, ha dicho, al «enzarzamiento» que tuvo fuera del local con otra persona y no a los hechos que se juzgan aquí, ha dicho. «Una paliza como la descrita por el Ministerio Público exigía lesiones en las extremidades superiores y en el tórax, y no fue el caso».

Para las defensas, ni hay terrorismo ni tampoco delito de odio, pues la «supuesta agresión» no tiene nada que ver con motivos racistas, antisemitas, de identidad sexual o discapacidad de ningún tipo . La circunstancia de ser guardia civil «no está tasada en ningún artículo», ha dicho la abogada.

Por su parte, la letrada de Adur Ramírez de Alda , considerado, junto con Jokin Unamuno , uno de los promotores de la paliza, ha sostenido que cuando sucedieron los hechos, el procesado ya estaba en casa y que la identificación que de él se ha hecho como uno de los participantes en la agresión es errónea.

Además, ha puesto en duda que después de una paliza en la que participan 25 personas «golpeando brutalmente» a cuatro personas la lesión más grave sea una rotura de tobillo. A su juicio, lo que muestran imágenes y testimonios «difieren mucho de la magnitud e intencionalidad que se atribuye a los hechos».

El abogado José Luis Galán denunció que en este procedimiento hay una «desproporción absoluta en la petición pena», así como «anomalías en la investigación y una arbitraria imputación de responsabilidades individuales» a los procesados. «En el mundo del derecho, el terrorismo ha causado también efectos negativos», ha dicho Galán, para quien las normas creadas exprofeso para combatir este fenómeno han limitado claramente derechos, como a su juicio se ha visto en este caso.

Según Galán, la estrategia en la que los informes policiales enmarcan la actuación de los procesados, como próxima a ETA, nada tiene que ver con la realidad. Los procesados, ha dicho, no pertenecían a ninguna «organización satélite» de la banda ni a la izquierda abertzale, con lo difícilmente se puede hablar de integración o colaboración con la organización terrorista.

«España ha conocido el terrorismo de ETA, de los Grapo, de los GAL, el yihadista... España sabe lo que es terrorismo y también sabe lo que no lo es», y aunque no se debe olvidar el relato del pasado para aprender de él, « una cosa es no olvidar y otra resucitar el fantasma de lo felizmente acabado, retorciendo» el ordenamiento jurídico . «Es intolerable cualquier banalizacion del concepto de terrorismo», ha insistido el letrado.

Galán ha argumentado que el movimiento «Que se vayan» es diverso y disperso y que el movimiento a favor del repliegue de la Guardia Civil nació ya en los años 60. «No hay un pueblo del País Vasco y Navarra que no haya coreado esta canción», ha dicho el letrado.

A su juicio, las acusaciones han apelado al delito de terrorismo para forzar la competencia de la Audiencia Nacional y así «jugar en casa», cuando se da la paradoja de que ni siquiera el hecho de que un jefe de ETA hubiera agredido a un guardia civil se habría calificado de terrorismo.