Villarejo vendió al jefe de la UDEF una base de datos con todos los españoles dentro y fuera del país

En la cinta, de cuatro horas de duración y que recoge conversaciones sobre todo tipo de temas, Villarejo introduce la conversación invitando a Giménez Raso, al que llama Tony, a venderle a Olivera «la base de datos esa» que han «conseguido». Es él quien hace, así, las presentaciones, que el comisario va decorando con comentarios como «lo interesante» que puede resultar una herramienta tan potente para localizar a cualquiera.

«He traído los cedés con la base de datos de las elecciones al Parlamento Europeo de todos los españoles residentes en España y todos los españoles residentes en el resto del mundo (...) Más los anteriores, desde el 92, el 91... (...) Te sale con los familiares y además, puedes clicar», expone Giménez Raso.

Olivera pregunta si los datos son de quienes han votado y entre 'Tony' y Villarejo le aclaran que va mucho más allá, para su sorpresa: «¡Todos los que están inscritos!». «Todos los legales, los alegales....», añade el socio del comisario. Y pactan un precio que Olivera anticipa que pagará a cambio de «cinco copias», «las instrucciones» y «un recibito».

- Olivera: ¿Cuánto le damos?

- Villarejo: No sé, ¿cuánto nos ha costado?

- G. Raso: El primero nos costó 300 (euros) y este 600.

- Villarejo: ¿Le damos 700, no?

- Olivera: No, mil eurillos.

A Villarejo le parece una oferta muy generosa y, de hecho, comenta a Tony que así las cosas, queja no tendrá. Acordado el precio, Olivera detalla los términos: «Te lo doy en enero, que ahora sólo gasto en salud, pero te lo doy. Prepara un recibito y tal».

Giménez Raso, no obstante, sigue desgranando las bondades de la ingente cantidad de información de localización de la ciudadanía española por todo el mundo que tiene entre manos y del que la Policía, según él, no dispone, aunque Olivera le diga que él tiene a disposición el último Censo.

«Esto no lo tenéis. Esta base de datos ahí no la tenéis. Tendríais que hacer gestiones para localizar a gente », asegura. Tiene razón, la Policía debe contar con autorización judicial, justificación mediante, para recopilar ese tipo de datos personales de los ciudadanos, de acuerdo a las fuentes policiales consultadas por este diario, que tildan el intercambio de manifiestamente ilegal.

«Está muy bien –sigue Giménez Raso– porque hay datos de extranjeros que están en España, el (inteligible) que tienen que ser fijos de Telefónica y luego tú pones, por ejemplo, la calle Santa Amelia y te salen todos los que viven allí». Aclara que a «más datos», más precisa es en la búsqueda, por ejemplo, de alguien por su nombre y apellido. «Te interesará porque es muy cómodo», apostilla.

Villarejo está de acuerdo en que esto es mucho más que tener el Censo, porque incluye además de esos datos, «todas las anteriores y todo mezclado» lo que te permite hacer seguimiento de una persona a lo largo de los años «y si hay cambios, te sale»: dónde figura inscrita como residente hoy y dónde y con quién vivía hace, por ejemplo, cinco años. «Te sale el histórico» y «siempre con la familia», comentan.

El entonces jefe de la UDEF no se esfuerza mucho en averiguar de dónde ha salido tanta información y su comentario al aire de «y esto te lo dan a ti...», se resuelve con dos frases. «Es que tengo un contacto», dice Giménez Raso. «Todo vía Tony», apuntala Villarejo.

La negociación da pie a que Olivera comente que acaba de justificar gastos (que se pagan con fondos reservados) por importe superior a 1.900 euros el último mes. Dice que gastan poco y deberían gastar más y propone que lo que se le entreguen sean cinco copias de esa base de datos para repartirlas a compañeros de otras unidades. « Y lo pago yo. Lo meto yo. Que eso lo puedo pagar, que no me cuesta nada », añade. Villarejo remata: «Y quedas como Dios».

Pero va por delante ese «recibito» que antes pedía. «Todo lo que esté justificado... Que luego a nosotros en la comisión te piden todos los gastos. Que esto va a la Comisión de Secretos Oficiales. ¿Y esto de qué es? Pues del Padrón», dice el jefe de la UDEF. En el contexto de la conversación y al hilo de la justificación de los fondos de la Policía, Villarejo se ofrece a fabricarle facturas cuando las necesite, así como le conmina a encargarle «una contratación aunque sea de externos», habida cuenta de que maneja dinero para comprar información.

Nadie en la mesa se pregunta por qué iba a estar el Ministerio del Interior dispuesto a sufragar con fondos reservados la obtención de datos de residencia e inscripción de la ciudadanía española a los ya que tiene acceso, previa autorización judicial, la Administración Pública. Las fuentes policiales consultadas, además, aseguran que con toda seguridad en el famoso «recibito» constara finalmente un concepto distinto al real, porque se hubiese tratado de una pista demasiado evidente de que se había pagado con fondos reservados un material ilegal. «Habrían demostrado que son tontos y no lo son en absoluto», explican.

Llama igualmente la atención que en ningún momento de la conversación este entonces jefe de UDEF muestre remilgos sobre el posible origen ilícito de los datos que además, Giménez Raso y Villarejo le acaban de decir que han comprado a un tercero por 600 y 300 euros.

No es de extrañar, de todas formas, a la luz de lo que sigue en esa charla, cuando empiezan a comentar entre los tres cómo se organizan y deberían organizar para conseguir tráficos de llamadas de terceros, uno de los asuntos prioritarios para los investigadores del caso Tándem dado que en pluralidad de piezas separadas aparece este tipo de información como parte de los reportes por los que Villarejo facturaba a sus clientes cantidades millonarias.

- Villarejo: Lo que es rastreo de llamadas y tal, es complicado, ¿no?

- Olivera: Yo te puedo conseguir una pero ha de ser una que nos interese a ti y a mi.

- Villarejo: Más rastreos no, ¿eh?

- Giménez Raso: ¿De las llamadas entrantes?

- Olivera: No puedo abusar porque no le quiero comprometer

- Giménez Raso: De las entrantes pagando, yo sí

Olivera aclara que conseguir las llamadas salientes de un ciudadano «es complicado porque hay que descargar otro programa». «Se pueden conseguir pero ha de ser algo muy puntual. Además, el que lo mira, en la base de datos queda registrado. Si hay alguien que cobra por esto hay que pagarle (...) Tengo dos tíos ahí que sigo manteniendo la relación y podemos conseguir entrantes y salientes », señala. «Hay que pagar a la gente y no pasa nada», conmina Villarejo.

Para Olivera, la clave es que esa información no vaya en papel, como presume el comisario Enrique García Castaño, imputado en la causa en la Audiencia Nacional precisamente, por los indicios de que proporcionaba datos de bases policiales a Villarejo y también, tráficos de llamadas. Sus colegas le llaman «el Gordo».

«En eso de la Gürtel y tal, digo, oye, pues ahora de esto. Y él no me pregunta para qué es. Y ahí no hay rastreo, no hay un papel. Lo apunto y ya está... Eso de conocer al Gordo, que te da un listado y tal... estás pillado . Yo lo he mirado en la pantalla pero porque me han preguntado y no he dicho nada», comenta Olivera.

Giménez Raso tiene su propia anécdota, la hija de alguien con acceso que le hacía esas consultas sobre la marcha y desde su casa. «A mí me han dado de móviles», dice. Había hecho el encargo de obtener datos de tráfico de llamadas de una persona y se había ido entre tanto «al cine».