El comisario José Manuel Villarejo tras prestar declaración en Málaga, en 2016
El comisario José Manuel Villarejo tras prestar declaración en Málaga, en 2016 - EFE

Villarejo seguirá en prisión pese a su amenaza de «traca» final

El juez mantiene la situación del excomisario que lleva meses echando un pulso a la Justicia

MadridActualizado:

El excomisario José Manuel Villarejo seguirá en prisión provisional incondicional después de que el juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea haya rechazado de nuevo su libertad, según ha podido saber ABC, por el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos delictivos.

En el auto que ha emitido De Gea se argumenta que «continúan los indicios racionales de criminalidad en la conducta» de Villarejo, así como que también pesan sobre él las «nuevas infracciones penales» que han dado lugar a seis piezas separadas del procedimiento judicial previo. Por ejemplo, la investigación de los audios del medio digital «moncloa.com».

El texto del juez, asimismo, insiste en mantener dicha medida cautelar por el «innegable riesgo de fuga» proporcionalmente relacionado con «la gravedad del delito y de la pena» que se le atribuyen al excomisario. Por otro lado, el De Gea alega también en su razonamientos jurídicos una «absoluta falta de colaboración del investigado» durante el proceso de su instrucción.

El policía había anunciado a su entorno que si no quedaba libre recurriría a una «traca final», en referencia a los audios que se han ido filtrando desde julio primero de Corina Larsen y después de una comida en la que participó la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, sobre la que aún tiene que dar explicaciones en el Congreso de los Diputados. La supuesta «traca» forma parte de la estrategia de presión a la Justicia y a otras instituciones del Estado con la que Villarejo lleva amagando desde la primera vez que declaró ante el juez.

El excomisario es el único detenido por la «operación Tándem» que continúa ingresado en la cárcel. Su socio Rafael Redondo ya está en libertad tras pagar los 100.000 euros de fianza que le impuso el magistrado tras rebajársela desde el millón inicial que fijó a mediados de agosto.

En agosto, cuando De Egea le denegó la libertad argumentó que se le investigaba por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales (en la causa principal), así como por descubrimiento, revelación de secretos y extorsión. Le considera el líder de la organización criminal que realizaba informes de consultoría, inteligencia y vigilancia a cambio de fondos de los clientes. Ese dinero acabó en Uruguay y Panamá, según las investigaciones.