Villarejo maniobra para apartar a los fiscales de Tándem por vínculos con Podemos

A juicio de su defensa, se trata de unos «hechos gravísimos» por los que hay que depurar responsabilidades, una tesis a la que se van a sumar otros de los imputados en la causa, según ha podido saber ABC. En concreto, la defensa del polémico comisario va a pedir al juez Manuel García-Castellón que se recaben todos los chats del equipo jurídico de Podemos para ver si la Fiscalía ha cometido un delito de revelación de secretos al comunicar presuntamente uno de los fiscales a la abogada de esta formación aspectos de la investigación que estaban bajo secreto y que habrían facilitado la estrategia de Iglesias.

Para el letrado de Villarejo es especialmente significativo que el pasado 1 de marzo, durante la presentación de su candidatura para el congreso de Vistalegre, el líder de la formación morada aludiera por primera vez en mucho tiempo a las «cloacas del Estado» y que precisamente el día 27 de ese mismo mes fuera llamado a declarar como perjudicado en relación con esta causa. Según su tesis, eso demostraría que en ese momento ya tenía acceso a una información privilegiada.

Por otra parte, el PP pidió ayer la comparecencia en el Congreso tanto de Iglesias como de la fiscal general del Estado para que den las explicaciones oportunas sobre la presunta filtración. La formación de Casado instó también al Ministerio Público a investigar los hechos porque esta situación «podría poner en grave riesgo a toda la institución». El portavoz de los populares en la Comisión de Justicia, Luis Santamaría, señaló que Iglesias «debe explicar, en definitiva, cómo ha pasado de sentirse víctima de lo que el calificó como las cloacas, a aspirar a convertirse en dueño y señor de esas mismas cloacas».

En la misma línea, el responsable de Justicia de la dirección nacional del PP, Enrique López, aseguró que esa presunta filtración debe ser investigada «con la mayor prontitud y celeridad» por parte de la Fiscalía General porque «de ser cierta» sería muy grave y comprometería de una manera «muy seria» la imagen de la institución. «Cuando fue nombrada la actual fiscal general del Estado pusimos de manifiesto la sospecha y el temor de que podría actuar con una absoluta falta de objetividad como consecuencia de su pertenencia a un poder Ejecutivo (...). Cada minuto que pase sin que se haga algún tipo de actuación tendente a aclarar estos graves hechos es una razón más para seguir desconfiando de la falta de objetividad y de imparcialidad de quien tiene que velar» por la legalidad.

Desde la Fiscalía General de Estado no hubo tampoco ayer ningún pronunciamiento sobre este asunto, pese a que el Consejo Fiscal tuvo oportunidad de abordarlo en su reunión, prevista desde hace días. Fuentes próximas al órgano señalaron a ABC que en el Ministerio Público hay cierto escepticismo sobre las informaciones que orbitan el caso Villarejo , que tiene además connotaciones políticas. En este sentido ponen en cuarentena informaciones que pueden responder a «intereses espurios» o que dañan la imagen de la institución.

Como adelantó ABC, Delgado pudo conocer ayer de primera mano la versión de la Fiscalía Anticorrupción en torno a lo sucedido: que no hubo filtración ni revelación de secreto alguno sino la relación habitual entre dos acusaciones en una causa penal. Tras reunirse con el fiscal-jefe, Alejandro Luzón, la pelota está ahora en el tejado de Dolores Delgado, que deberá decidir si deja pasar este asunto al entender que los fiscales no cruzaron líneas rojas o si inicia la investigación que le pide la oposición.