Las víctimas de explotación sexual que no ayuden a la Policía podrán ser expulsadas
EFE Rubalcaba y Aído, al concluir la rueda de prensa en la que presentaron el plan contra las mafias de la prostitución

Las víctimas de explotación sexual que no ayuden a la Policía podrán ser expulsadas

El año pasado fueron identificadas 1.300 víctimas, casi todas extranjeras. La reforma del Código Penal incorporará un delito específico de trata de seres humanos

CRUZ MORCILLO | MADRID
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El Gobierno ha abierto varios frentes con el objetivo de acabar con el comercio de mujeres. Uno de los de mayor calado es la reforma del Código Penal en marcha, que incluirá un delito específico para diferenciar la trata del tráfico de seres humanos, con el fin de poder castigar a las mafias, y el decomiso de sus bienes. Tras arrebatarles sus propiedades y dinero, está previsto crear un fondo económico destinado a luchar contra la explotación sexual y asistir a las víctimas, a imagen y semejanza del que funciona en delitos de drogas.

El Plan de lucha contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, con 62 medidas, ya ha empezado a dar sus frutos. El año pasado fueron identificadas y atendidas 1.301 víctimas de esas redes que captan a las mujeres, las trasladan, las engañan, las maltratan y las obligan a dejarse la piel en burdeles de mala muerte o de postín, según el caso. El 95 por ciento de esas víctimas eran mujeres; la mitad tenían entre 23 y 32 años, aunque entre ellas había menores de edad (13), y casi todas eran extranjeras. La mitad se encontraban en situación irregular en nuestro país, lo que añade elementos de indefensión y vulnerabilidad.

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Esas mujeres dispondrán de un mes para recuperarse y decidir si colaboran con la Policía y la Guardia Civil en la lucha contra las mafias que venden sus cuerpos. Pasado ese tiempo, si no lo han hecho antes, tendrán que ayudar en la investigación policial y judicial para obtener su permiso de residencia y trabajo. Ese periodo, que recoge la Ley de Extrajería, acaba de regularse de forma transitoria y se desarrollará en el Reglamento. No obstante, las ONG que trabajan en este campo ya han denunciado que no se está respetando. Tres víctimas han pedido hasta ahora el mes de reflexión.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ayer hizo balance del primer año del plan, junto a la ministra Bibiana Aído, recalcó que «casi todas las mujeres colaboran». Cuando no es así, es muy difícil demostrar este delito, que suele vincularse a otros como los que se dan contra los derechos de los trabajadores, las amenazas, los de drogas, documentos falsos y detenciones ilegales.

La Policía y la Guardia Civil actuaron el año pasado contra 158 grupos criminales que se dedicaban a este rentable negocio y detuvieron a 726 personas, más de la mitad por explotación sexual y el resto por trata de seres humanos. A los cambios legislativos, se ha sumado una base de datos en el CICO y un mapa de recursos asistenciales.

Rubalcaba resumió en una frase el objetivo: «Queremos que el negocio de la explotación sexual, que es crimen organizado, sea de bajísima rentabilidad y altísimo coste».