«Mi hija y yo somos víctimas de terrorismo de segunda clase»

Desde ese día Manuela lleva batallando para que se reconozca a ella y su hija Aina de 9 años como víctimas del terrorismo, lo que supone recibir una indemnización por parte del Estado de 250.000 euros. El Ministerio del Interior , acogiéndose a la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo , le ha concedido el 40% de la ayuda prevista . Manuela quiere dejar claro que no «es una cuestión de dinero, y sí de justicia, porque se nos está tratando peor que a los extranjeros, como si fuéramos de segunda clase».

Según su abogado, Cristobal Mora, esto es «un auténtico atropello porque la ley no establece el requisito de que el fallecido deba ostentar cargo representativo de España. Ni por supuesto que el atentado deba dirigirse exclusivamente contra el Estado español o intereses españoles». La resolución administrativa que se ha recurrido hace unos días en la Audiencia Nacional considera que «el ataque al Hotel Intercontinental no fue un acto fortuito, sino dirigido contra los miembros de la OTAN que participaban en Afganistán , pero que no otorga a las demás personas que se encontraban en ese momento en el Hotel, el carácter de representantes del Estado Español o de sus intereses, y es claro que el Sr. Planas era ajeno a cualquier cargo, autoridad o representación pública de intereses españoles en el extranjero , lo que hace imposible la aplicación al caso del art. 6.2. a) de la Ley».

Sin embargo, Cristobal Mora denuncia que en la Ley en ningún momento se emplea la expresión exclusivamente y que el Consejo de Defensa Nacional aprobó en los Principios de la seguridad y defensa española que los intereses de España y de los españoles se extienden más allá de nuestras fronteras siendo un objetivo esencial de España. Para Mora es «innegable la participación activa en Afganistán y es muy importante remarcar que el objetivo del atentado talibán era la reunión de la OTAN, es decir contra los intereses españoles» . El letrado piensa que si la bomba hubiera estallado en un mercado de Kabul mientras Toni compraba pan , sería evidente que a Manuela le correspondería el 40% de indemnización, pero según él, no es el caso, y por tanto cree que están ninguneando a su cliente y le están usurpando 150.000 euros.