Luz verde al nuevo Código de Consumo catalán, que endurece las multas lingüísticas

Asimismo, el artículo 333.1 del texto contempla que una infracción leve, como correspondería a no utilizar el catalán en los rótulos, contratos o indicaciones de un comercio, puede ser multado con hasta 10.000 euros. Hasta ahora, esa sanción no superaba los 3.000 euros. En casos de reincidencia o impago de la sanción, la cantidad puede ascender hasta 1.000.000 de euros.

Precisamente ayer, el empresario Xurde Rocamundi presentó un recurso de alzada contra la sanción que le impuso la Agencia Catalana de Consumo -dependiente de la Conselleria de Economía- por tener el rótulo y los carteles informativos del escaparate de su inmobiliaria, situada en Arenys de Mar (Barcelona) y los contratos de su empresa en castellano.

Manifestación en Arenys

Precisamente para denunciar casos como el de Rocamundi, la semana pasada se constituyó la coordinador «Por una Cataluña en libertad. No a las multas lingüísticas», que defiende la libertad de elección de los empresarios catalanes que actualmente están siendo sancionados por presuntos incumplimientos de la Ley de Política Lingüística.

Esta coordinadora, integrada por Ágora Socialista, Asociación por la Tolerancia, Ciutadans, Impulso Ciudadano, PP y UPyD, han convocado para el próximo sabado una concentración en Arenys para denunciar este acoso lingüístico por parte del Govern.