Urkullu se une a los barones del PP que piden a Sánchez armas legales contra el coronavirus

Cada vez son más autonomías las que, con unas recetas u otras, reclaman al Gobierno mecanismos para poder tomar medidas restrictivas si la pandemia se complica

Iñigo Urkullu, durante una videoconferencia de presidentes autonómicos en mayo de 2020 EFE

E.D.

30/04/2021 a las 01:08h.

Es como dar vueltas en un círculo. El final del estado de alarma, anunciado por el Gobierno para el próximo día 9 de abril, ha vuelto a colocar a las comunidades autónomas en la misma coyuntura en la que se encontraban el verano pasado, cuando ... decayó el primer estado de alarma. La ley no permite a las regiones tomar decisiones tan restrictivas como las auspiciadas por la alarma pero tampoco el Ejecutivo ha diseñado una alternativa que les faculte a contener la pandemia con las garantías legales suficientes. En este escenario, previsiblemente se repetirá lo que ya pasó hace meses: las autonomías tratarán de seguir una hoja de ruta que en algunos casos será enmendada por decisiones judiciales y, en otros, dependiendo del criterio de los magistrados de cada territorio, puede que no.

Por eso no extraña que los presidentes autonómicos se hayan ido revolviendo poco a poco contra la intención de Pedro Sánchez de poner fin al estado de alarma en este punto de la pandemia en el que la incidencia sigue siendo reseñable. El último en hacerlo ha sido Iñigo Urkullu desde el País Vasco. El dirigente del PNV exige al Ejecutivo dos meses más de estado de alarma para controlar mejor el coronavirus en mayo y junio, un periodo que ha etiquetado como «neurálgico».

No ha sido el único. Sin ir más lejos, Alberto Núñez Feijóo , el presidente gallego, consideró «razonable» la petición de Urkullu ya que, como dijo, no se puede pasar «de 100 a 0 en un segundo» . En este sentido, Feijóo indicó que Galicia podría funcionar cuando decaiga el estado de alarma con su ley de Salud, pero no vería con malos ojos mantener el estado de alarma para tener un paraguas legal a la hora de tomar decisiones.

Uno de los primeros en denunciar la situación de inseguridad jurídica que se avecina fue el presidente andaluz, Juanma Moreno. En consonancia con la línea que mantiene el PP, Moreno advirtió hace casi un mes de que una vez que decayera el estado de alarma las autonomías se quedarían «desnudas». Murcia hizo lo propio y el presidente regional, López Miras, considera precipitado levantar la alarma y también reclamó un plan B a La Moncloa para no repetir errores del pasado.

Desafío

Hay otras comunidades que ya han avanzado sus estrategias. Cataluña anunció ayer mismo que está elaborando un decreto que le permita adaptar su ley sanitaria autonómica a este escenario. Según adelantaron TV3 y El Periodico, la Generalitat quiere tener de su parte un respaldo legal cuando sus medidas duras contra la pandemia, como pudieran ser confinamientos o mantener el toque de queda, sean evaluadas por los jueces.

Sin un decreto, pero Castilla y León ya ha advertido que también tiene la intención de mantener las medidas restrictivas que tiene actualmente en vigor aunque decaiga el estado de alarma. En la región hay precedente, ya que los jueces tumbaron en octubre el toque de queda impulsado por el ejecutivo castellano-leonés cuando todavía no estaba en marcha el segundo estado de alarma. La consejera de Sanidad de la región, Verónica Casado, incluso se anticipó al escenario de inseguridad jurídica que se avecina lamentando que no haya una ley que ampare las medidas restrictivas: «Es una lástima» .

Y precisamente en una de las comunidades con signo socialista, La Rioja, ya se ha producido el primer varapalo judicial, situación que podría repetirse en más ocasiones y con medidas de otro tipo y más duras a partir del 9 de mayo. El Consejo de Gobierno de dicha autonomía, dirigida por Concha Andreu, decidió establecer en el 33% el límite de aforo para los comercios de aquellos puntos de la comunidad especialmente afectados por el Covid. No obstante, la federación de comerciantes impugnó esta medida y consiguió que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja dejara en suspenso, como medida cautelar, la decisión del Gobierno regional.