Unidas Podemos propone que la Policía no pueda alejar la prostitución de zonas escolares e infantiles

Unidas Podemos quiere eliminar el segundo párrafo de apartado 11 del artículo 36, que obliga a la Policía a instar a las personas que ejercen la prostitución a que «se abstengan de hacerlo» junto a «centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad». Ese párrafo también advierte de que, en caso de que las prostitutas se nieguen a alejarse de esos entornos infantiles, se considera «desobediencia o resistencia a la autoridad», sancionadas como «infracción grave» por el apartado 6 del mismo artículo.

El partido morado defiende esta modificación « con el objetivo de proteger a las mujeres en contextos de prostitución , especialmente a aquellas más vulnerables, frente a posibles sanciones ». Sí apuesta porque siga siendo infracción grave «la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores (...) o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial».

También propone Unidas Podemos modificar un apartado del artículo 37 para que solo sean sancionables los «insultos o injurias» a los agentes de la autoridad, pero ya no «las faltas de respeto y de consideración», que dejarían de ser infracciones leves , como se castigan hasta ahora. Según Unidas Podemos, esto supone «una mejora técnica» y «mayor seguridad jurídica».

Otro de los puntos en los que discrepan los dos partidos del Gobierno es en la propuesta del PNV para legalizar las plantaciones domésticas de marihuana y similares. Los nacionalistas vascos quieren eliminar de la ley de Seguridad el apartado que castiga como infracción grave la «plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público», siempre que no alcancen un determinado tamaño o se utilicen para traficar, en cuyo caso seguirán siendo delito.

El PNV propone eliminar por completo ese apartado 18 del artículo 36 de la ley de Seguridad y Unidas Podemos está totalmente de acuerdo porque cree que estas sanciones son «desproporcionadas y sin justificación» . Sin embargo, el PSOE piensa lo contrario, por eso su postura sobre este punto es mantener la norma tal y como la aprobó el PP hace seis años.

De hecho, los socialistas reconocen en sus enmiendas que la redacción actual de este apartado es «adecuada», por lo que la maceta o el macetero de marihuana en terrazas y balcones debe seguir castigándose como «infracción grave».

La negociación la han liderado Rafael Simancas (PSOE) y Enrique Santiago (Unidas Podemos), secretarios de Estado Relaciones con la Cortes y Agenda 2030. Los datos que los partidos cogobernantes han avanzando sobre sus conversaciones y propuestas han ido alertando a los sindicatos de Policía y a la oposición, que tildan de «surrealista» la reforma y creen que intenta «podemizar» la ley de Seguridad. Este diario recogía durante la última semana el malestar de los policías, que creen que se les intenta dejar por «mentirosos» con medidas como restar valor a su presunción de veracidad frente a la palabra de los detenidos.

Por otro lado, PSOE y Unidas Podemos están de acuerdo en que, cuando no pueda ser posible identificar a un sujeto en el sitio donde se encuentra porque no haya medios o éste se niegue, se le pueda llevar a las dependencias policiales más próximas para realizar allí la identificación. Pero «en ningún caso» el tiempo en que este permanezca retenido en la comisaría «podrá superar las dos horas», frente a las seis actuales.

Sí que añaden que, «excepcionalmente y por razones justificadas, verificables y comunicadas a la persona afectada, se podrá prorrogar» hasta esas seis horas. Luego, los detenidos «tendrán derecho» a que se les devuelva o facilite su retorno al mismo lugar donde no pudo realizarse la identificación.

Con respecto a la rebaja de las multas que habían anunciado, los partidos gobernantes plantean una reducción teniendo en cuenta el sueldo del afectado. El sistema que han acordado estipularía una reducción de la cuantía de hasta el 50 por ciento para quien cobre menos de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional y otra del 25 por ciento para quien oscile entre 1,5 y 2,5 veces.

«Una vez determinada la sanción que proceda imponer de acuerdo con los artículos 33 y 39, cuando consista en multa se tendrá en cuenta la situación económica del responsable, atendiendo a sus circunstancias personales, familiares y sociales «, proponen añadir a la reforma propuesta por el PNV.