La única reforma de la Constitución, en 1992, sirvió para atribuir el derecho de sufragio activo «y pasivo» a los ciudadanos de la UE

M. MARÍN/
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MADRID. El artículo 13.2 de la Constitución establece que «solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 \, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipales».

Este artículo de la Constitución es el único que ha sido sometido a revisión desde que quedó promulgada en 1978. La reforma experimentada hasta ahora por la Carta Magna vino impuesta en 1992 por la nueva redacción que se dio al artículo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, propuesta derivada a su vez de la aprobación del Tratado de la UE, firmado en Maastricht.

Esa nueva regulación prevé que los ciudadanos de la Unión Europea residentes en un Estado miembro del que no sean nacionales tendrán derecho a ser electores y elegibles en las elecciones municipales del Estado miembro en que residan.

Esta previsión europea, vinculante para España, motivó que el Gobierno consultara al Tribunal Constitucional en abril de 1992 para determinar si entraba en contradicción con el artículo 13.2 de la Carta Magna. Al determinar que en efecto era así, la ratificación del Tratado de la Unión Europea exigía que España modificase ese precepto de la Constitución, lo que ocurrió en agosto de ese mismo año.

La modificación consistió en añadir al artículo 13.2 las palabras «y pasivo», salvando así el escollo.

En la práctica, este artículo deja la puerta abierta a que cualquier ciudadano de un país no miembro de la Unión Europea, por ejemplo Ecuador, pueda votar o resultar elegido en unos comicios municipales -nunca autonómicos o generales- siempre que medie antes un acuerdo en ese sentido del Gobierno español con ese país. De no mediar, tendría que estar nacionalizado. En ese tratado deberían figurar las condiciones necesarias para que ese extranjero residente en España pudiera concurrir a las urnas: mayoría de edad, no estar incurso en causas de inhabilitación o ineligibilidad, concreta situación administrativa, etcétera.

Por el momento, España sólo ha firmado un tratado de este tipo con Noruega. Se planteó años atrás con Argentina, pero no fructificó.