El cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, en una de sus declaraciones en el juicio a la trama
El cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, en una de sus declaraciones en el juicio a la trama - EDUARDO SAN BERNARDO

El Tribunal Supremo revisa la primera condena a los capos de la Gürtel, por amañar contratos de Fitur

La Fiscalía pedirá confirmar las penas de trece años de prisión para Correa y Crespo, y de doce años para el Bigotes

MadridActualizado:

El Tribunal Supremo revisará este miércoles las condenas a los cabecillas de la trama Gürtel por amañar contratos de la Generalitat Valenciana en la feria de turismo Fitur en sus ediciones de 2005 a 2009. El Alto Tribunal celebra la vista por los recursos de casación de las partes tras la primera pena a los líderes de la red, que se encuentran en prisión preventiva, a la espera de la sentencia firme.

En la vista, la Fiscalía pedirá mantener las condenas de cárcel para los principales dirigentes de la trama. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) condenó a 13 años de prisión a Francisco Correa, el capo de la red, y a su lugarteniente Pablo Crespo, considerado el número dos. Álvaro Pérez, alias «el Bigotes», fue condenado a doce años. Los tres fueron encarcelados de forma preventiva, tras pedirlo la Fiscalía por riesgo de fuga.

La sentencia del TSJCV, dada a conocer el 10 de febrero de 2017, consideró probado que los acusados crearon la trama Gürtel con la intención expresa de enriquecerse a través de la delincuencia. Según los jueces, el entramado de Correa se creó para amañar concursos públicos y «participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios», utilizando sus influencias en el Partido Popular para pervertir la administración pública. Correa ha tratado desde entonces de rebatir esta tesis, insistiendo en sus reiteradas declaraciones en que su grupo nació para hacer negocios.

Los jueces del tribunal presidido por Andrés Martínez Arrieta escucharán los argumentos de la Fiscalía y de las defensas de los once condenados en la causa, por los delitos de asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación, falsedad documental y cohecho. Además de Martínez Arrieta, el tribunal que convertirá en firme la primera sentencia sobre la trama Gürtel está formado por los magistrados Juan Pablo Colmenero, Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo y Pablo Llarena.

En una nota, la Fiscalía ha anunciado que solicitará mantener las condenas de prisión contra los principales dirigentes y que pedirá ajustar las penas impuestas por el delito de malversación, pues son inferiores al «mínimo legalmente imponible». Esta revisión, de ser estimada por el Supremo, supondría elevar la pena de inhabilitación impuesta a Correa, Crespo y Bigotes de diez a quince años.

Correa fue condenado a trece años de cárcel: tres años por asociación ilícita; un año por tráfico de influencias; seis por malversación y otros tres por cohecho; Pablo Crespo a trece años: dos años y medio por asociación ilícita; un año por tráfico de influencias; seis por malversación; un año y nueve meses por falsedad documenta, y dos por cohecho; y el Bigotes a doce años y tres meses: un año y medio por asociación ilícita; seis años por malversación; un año y nueve meses por falsedad documental; y dos años por cohecho. Los tres aguardan también que la Audiencia Nacional dicte la sentencia por la primera época de la Gürtel.

El Tribunal Superior de Valencia también condenó a otros eslabones de la red: la administradora Isabel Jordán, a seis años de prisión; el exgerente de la filial valenciana Cándido Herrero, a cuatros y cuatro meses; a la empleada Mónica Magariños, a tres años de cárcel; así como a diversos antiguos dirigentes políticos, como Milagrosa Martínez, condenada a nueve años de prisión; y su antiguo jefe de gabinete, Rafael Betoret, castigado con seis años de cárcel. Los antiguos altos cargos de la Consejería de Turismo de Valencia Isaac Vidal, Jorge Guarro y Ana Grau, también fueron condenados a siete, cuatro y tres años de prisión, respectivamente. La decisión del Supremo, que puede modificar las penas al revisar la calificación jurídica de los hechos probados, será sentencia firme.