El Tribunal Supremo aprecia indicios de terrorismo en la agresión de Alsasua

En sus argumentos, el Tribunal Supremo explica que, en una fase provisional e indiciaria, el ataque a los agentes puede encajar en el artículo 573.1 del Código Penal, que castiga los actos de terrorismo cuando su finalidad es provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella . Según los magistrados, no puede descartarse que la intención de los agresores fuera «provocar tal estado emocional en las personas que aparecen como víctimas», al ubicar el ataque en el «marco de conductas dirigidas a crear en los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de sus familias un estado de terror e inseguridad que los impulse a abandonar los mencionados territorios», en una estrategia coordinada.

El Supremo realiza esta valoración indiciaria solo para resolver qué tribunal debe encargarse de la investigación, por la cuestión de competencia que le han puesto sobre la mesa . La existencia de indicios de terrorismo es la clave de esta decisión, puesto que las investigaciones por actos de terrorismo le corresponden a la Audiencia Nacional. Sería el primer juicio, si llega al caso, por actos nuevos de terrorismo vinculados al entorno de ETA desde que la banda terrorista dejó las armas, en octubre de 2011.

El auto de los jueces recuerda que uno de los agresores que inició el ataque pertenece a un movimiento que se dedica a pedir la expulsión de la Policía Nacional y la Guardia Civil del País Vasco y Navarra, en alusión a Jokin Unamuno, uno de los cabecillas del Movimiento Ospa, de Alsasua. «Como consecuencia de los hechos, los agredidos resultaron lesionados, presentado uno de ellos, según el informe del Ministerio Fiscal, una fractura desplazada de tobillo derecho». Los agresores le golpearon en el bar Koxka , donde los agentes tomaban una copa con sus parejas tras un día de fiestas, y en la salida, incluso en el suelo.

La investigación de la Audiencia Nacional partió de una denuncia de la asociación de víctimas Covite. Por estos hechos, nueve agresores han sido procesados por la juez Carmen Lamela, quien cerró la investigación con la conclusión de que los actos pueden ser constitutivos de delitos de terrorismo, lesiones, atentado y delito de odio. La causa se había paralizado, pendiente de la cuestión de competencia, a las puertas de que las acusaciones de la Fiscalía y los abogados de las novias de los agentes presenten sus escritos de acusación, en los que cifrarán sus peticiones de cárcel contra los agresores.