El tribunal popular juzgará más casos gracias a la nueva doctrina del Supremo

NIEVES COLLI | MADRID
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El Tribunal Supremo fijó ayer definitivamente el criterio que las audiencias provinciales habrán de seguir para determinar si un asunto debe ser juzgado por jueces profesionales o por un jurado popular en aquellos casos en los que los hechos sean constitutivos de delitos conexos competencia tanto de uno como de otro tribunal. Tras una reunión de tres horas y media, el Pleno no jurisdiccional de la Sala Penal acordó por 10 votos a 6 que el elemento determinante de la competencia será la «finalidad» perseguida por el autor del delito. Es decir, el delito principal arrastrará a los demás. El texto del acuerdo, «técnicamente muy complejo» según fuentes judiciales, no se conocerá hasta hoy, aunque lo cierto es que se traducirá en un aumento del número de asuntos juzgados por un jurado.

Una decisión urgente

Si bien la decisión del Supremo no va vinculada a ningún caso concreto, el Tribunal era consciente de la urgencia de unificar su doctrina respecto al reparto de competencias entre tribunales profesionales y populares. Máxime tras la polémica provocada en julio de 2009 por la sentencia que ordenó que un jurado volviera a juzgar a Pedro Jiménez, al que la Audiencia de Barcelona había condenado a 83 años de cárcel por el asesinato a puñaladas, entre otros execrables delitos, de dos policías en prácticas. La Fiscalía reclamó entonces al Supremo que aclarara los criterios.

Tampoco se puede olvidar la conveniencia de que el Supremo haya unificado su doctrina antes de que se celebre el juicio por el «caso Marta del Castillo», un crimen cuyo enjuiciamiento se ha encaminado ya por la vía del jurado y cuya sentencia podría ser revisada en el futuro por el TS.

Los magistrados que ayer asistieron al Pleno llevaron a cabo dos votaciones, si bien fueron tres las propuestas debatidas. La primera de ellas, la de Miguel Colmenero, el ponente. En su opinión, basta con que uno de los delitos sea competencia del jurado para que arrastre a los demás y los hechos deban juzgarse por un tribunal popular. Esta opción sólo obtuvo seis votos.

«Caso Marta»

La segunda propuesta, que obtuvo diez votos, la expuso Carlos Granados. Sostiene que primero debe determinarse la finalidad perseguida por el criminal y, por tanto, el delito principal. Si éste es competencia del jurado, los delitos conexos serán juzgados también por un tribunal popular; a la inversa, cuando el delito principal sea competencia de un tribunal profesional, los demás delitos se juzgarán por jueces profesionales. Una tercera propuesta, suscrita por varios magistrados y consistente en que la competencia la determine el delito con mayor pena, no llegó a votarse.

Si se aplica la doctrina vencedora, por ejemplo, al «caso Marta del Castillo», la competencia dependería de varios factores. Si se determinara que la violación fue el objetivo principal de los autores, el juicio se celebraría por la Audiencia de Sevilla, pues este delito no es competencia del jurado y arrastraría al de asesinato, que sí lo es. Si, por el contrario, se descartara la violación, el asesinato serviría para dar la competencia al tribunal popular. En cualquier caso, la competencia del jurado estaba aquí decidida antes de la reunión del Pleno.

Otro criterio acordado por el TS se refiere a los casos en los que un único hecho es constitutivo de dos o más delitos (por ejemplo, una agresión a una autoridad que acabe en muerte). En esos supuestos, basta con que uno de los delitos sea de jurado para que arrastre la competencia.