El Tribunal de Cuentas podrá procesar en rebeldía a Puigdemont por malversación

La fuga de Puigdemont no sería un problema para que este tuviera que dar explicaciones ante el TdC, encargado de juzgar responsabilidades contables en el uso de fondos públicos. Fuentes oficiales de esta institución, consultadas por ABC, dejan claro que, a diferencia de lo que ocurre en la jurisdicción penal, en estos procedimientos no es imprescindible que el presunto responsable haga acto de presencia. Puigdemont podría defenderse mediante un abogado y un procurador que lo representen sin acudir a la vista. «De hecho, esto suele ser lo habitual», explican fuentes de esta institución.

El TdC, además, actúa de forma independiente respecto a la jurisdicción penal y es totalmente «compatible» . Por tanto, podría juzgar de forma «simultánea» los gastos contables del 1-O al mismo tiempo que actúa la jurisdicción penal. En este caso, sería paralelo a la causa del Tribunal Supremo que se encarga de enjuiciar a los líderes del procés que no están fugados, como a la que se juzgará en Cataluña por los preparativos del referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional, que todavía se tramita en el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.

Que se produzca la coincidencia temporal con la causa del Supremo es casi imposible. El Alto Tribunal prevé fijar su vista para principios del próximo año y la maquinaria del TdC necesita más tiempo para ponerse en marcha. Principalmente, porque este no puede iniciar un procedimiento de motu proprio sino que es preciso que alguien presente una demanda. El procedimiento en el TdC no sería de ninguna forma inmediato. Otra cosa sería la coincidencia o no con la causa que tramita el juzgado barcelonés, todavía en fase de instrucción. El reciente fallecimiento del magistrado de este juzgado retrasará más su resolución.

En la causa contra Mas fueron las entidades de Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución quienes presentaron la demanda, a la que luego se sumó la Fiscalía del TdC. Fuentes de estas entidades señalan a este diario que, en todo caso, no se puede hacer una comparación milimétrica entre lo sucedido el 9-N y el 1-O, sobre todo, porque en el caso del 9-N ya existen dos sentencias (una del Supremo y otra del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña). Y aunque el TdC les ha dado la razón en el caso de Mas, todavía están a la espera de los posibles recursos de apelación y ante el Supremo. Lo lógico, apuntan estas fuentes, «es esperar a que el Supremo y la causa abierta en Barcelona concluyan sus juicios y, entonces, una vez ratificado el coste del delito actuar ante el TdC».

Pese a que fuentes del TdC ven muy factible que Puigdemont pueda acabar siendo juzgado por esta institución, los abogados del expresidente de la Generalitat lo creen improbable. «Sería de locos», resume a ABC Gonzalo Boye, letrado que forma parte del equipo de defensa de Puigdemont. «¿Y qué pasaría si la jurisdicción penal y el TdC llegan a conclusiones distintas sobre la cifras de la responsabilidad contable?», reflexiona el abogado.

La cifra que se podría reclamar a Puigdemont -y al resto de responsables del 1-O- sería sensiblemente inferior a los 4,9 millones impuestos por el 9-N. Especialmente, porque en el 9-N la inversión se disparó por la compra de 7.000 ordenadores para los centros de votación. En el caso del referéndum del 1-O todavía no se ha llegado a un consenso sobre su coste. La Fiscalía del Supremo lo cuantifica en 1,51 millones pagados, más otros 1,39 millones, aproximadamente, comprometidos por la Generalitat. Sin embargo, en la causa abierta en Barcelona, la Guardia Civil cifra el coste en unos 3,26 millones de euros, de los que el gobierno catalán bajo control de Puigdemont habría pagado al menos 1,59 millones de euros.