El PP emplaza a Rivera a dimitir por las dudas sobre la financiación de Ciudadanos

Tampoco le fue posible valorar los estados contables de otras dos formaciones: Unió Democrática (UDC), el socio democristiano de CiU que acabó en concurso de acreedores, y Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido que, ya fuera del Congreso y abandonado por Rosa Díez, no entregó gran parte de la documentación que se le pedía.

La inclusión de Ciudadanos en esa lista de partidos no aprobados por el Tribunal de Cuentas viene siendo utilizada por el PP para atacar a los de Albert Rivera , a los que afea que «venda» un mensaje de regeneración democrática pese al «demoledor» informe del fiscalizador.

El ponente del PP en la comisión, Juan Bravo, ha incidido este martes en las críticas y ha acusado a Ciudadanos de aplicar una «doble vara de medir», atribuyendo ilegalidades a los demás lo que para ellos sólo son «aspectos formales».

Bravo se ha preguntado qué se puede esperar en el Gobierno de un partido que «no es capaz de gestionar ni su patrimonio» y ha dado por acabado el discurso de Ciudadanos que presumía de no tener irregularidades. Y en ese contexto, y recordando la exigencia de dimisiones que Rivera plantea al Gobierno en otros temas, ha remachado: «Ante un informe ya fiscalizado, no arrastre más los pies — ha dicho Juan Bravo — ¿Quién va a dimitir en su partido? Rivera debería».

A la críticas se ha sumado también el representante de ERC, el senador Bernat Picornell, quien ha recordado que Ciudadanos decía tener «las manos limpias» y ahora «lo debe demostrar» porque «no es de recibo» que sus cuentas haya sido rechazadas.

Antonio Hurtado, del PSOE, también se ha referido a Ciudadanos, haciendo hincapié en que «venía a regenerar la vida política» y resulta que «es el único» de los cuatro grandes que no tiene cuentas representativas, en su primer año, por lo que debería dar «cuenta y razón».

Eso sí, Álvarez de Miranda ha recordado que en el informe sí se señalan seis incumplimientos puntuales susceptibles de constituir infracciones, sobre los que ya se decidirá en el Tribunal si se abre un expediente sancionador.

Se trata de no identificar a los cargos públicos ni los donantes que realizaron aportaciones a federaciones de la formación Izquierda Unida (por un importe total de 307.000 euros ); no identificar a las personas físicas que realizaron donaciones a Unió Democrática (785.000 euros en 2014 y 240.000 en 2015); donaciones recibidas de personas jurídicas por Nueva Canarias (8.600 euros); pagos de terceras personas a Ciudadanos contabilizados como donaciones en especie (por 14.000 euros); la participación de EA y PNV, a través de sociedades mercantiles, en rendimientos de actividades de carácter mercantil; y el incumplimiento del deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas por parte de UPyD.

En el informe se denuncia además que doce formaciones en 2014 y trece en 2015 no presentaron el informe que acredite el resultado de la revisión del sistema de control interno, cuando la falta de un sistema de auditoría o control interno un incumplimiento que podría suponer una irregularidad sancionable. Entre ellas figuran el PNV, Geroa Bai, IU, Nueva Canarias, Bildu (junto a la marca Sortu y la antecesora Amaiur), BNG, CDC, UDC y la federación CiU.

El informe indica además que, al cierre de los ejercicios fiscalizados, seis formaciones presentaban patrimonio neto negativo, incluyendo a Iniciativa per Catalunya (hoy en En Comú), UDC y la federación de CiU. En el caso de estas dos últimas organizaciones, que ya no concurren a elecciones aunque sí buena parte de sus antiguos dirigentes, su situación de desequilibrio patrimonial ya se había puesto de manifiesto en informes de fiscalización anteriores.

Además, y pese a los compromisos de transparencia, trece formaciones en 2014 y 11 en 2015 no publicaron en su web, o al menos no de forma completa, las cuentas anuales de cada ejercicio; además, doce formaciones no habían publicado en su web el Informe del Tribunal de Cuentas de 2013. Tampoco se habían aprobado ni publicado las instrucciones internas preceptivas en materia de contratación por 22 formaciones políticas.