El Tribunal Constitucional tacha de «inaceptable vía de hecho» el desafío secesionista

Los jueces del Tribunal Constitucional (TC) -que anularon por unanimidad la resolución del Parlament- argumentan que el acuerdo de la Cámara catalana «contraviene y menoscaba» diversas resoluciones del TC, que ha dejado en papel mojado todas las iniciativas del Gobierno de la Generalitat encaminadas a preparar con actos una supuesta independencia. El origen comenzó con la resolución del 9 de noviembre de 2015, en el que el Parlament proclamó el inicio de la «desconexión» con España, una resolución suspendida y anulada por el TC.

El pleno del TC recuerda que la comunidad autónoma de Cataluña carece de competencias para «convocar y celebrar un referéndum», algo que no puede desconocer el Parlament. Explica que la resolución anulada no solo provocaba efectos políticos, también jurídicos, al reclamar «actuaciones concretas» de los poderes públicos para desarrollar el llamado «proceso constituyente» que llevaría a una supuesta Cataluña independiente .

El TC acude a los cimientos que sustentan el orden constitucional para rebatir la legalidad de los acuerdos impulsados por los secesionistas. La autonomía del Parlamento catalán «no puede servir de pretexto para que la Cámara autonómica llegue hasta el extremo de arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional », argumentan los jueces, que explican que «en una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la legalidad constitucional, pues esta se funda en el respeto a la democracia y sus valores». El auto del tribunal garante critica que el Gobierno catalán se escude en «una supuesta legitimidad democrática de un cuerpo legislativo o de una Comunidad Autónoma» para colocarla por encima de «la primacía incondicional de la Constitución». Los jueces recuerdan que el Parlament desatendió con esta resolución «las reiteradas advertencias» del TC y confirmó así «su antijurídica voluntad» de continuar con el reto secesionista al margen de las leyes.

El acuerdo que el Parlamento catalán sacó adelante c on los votos de Junts pel Sí y los antisistema de la CUP plasmaba así la voluntad de «eludir los procedimientos de reforma constitucional para llevar adelante su proyecto político de desconexión del Estado español», lo que supone «una inaceptable vía de hecho», incompatible con el Estado social y democrático de Derecho consagrado en la Constitución.

Con esta decisión, el TC advirtió al actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de los efectos penales de una nueva consulta, y denunció a la Fiscalía a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y a cuatro miembros de la Mesa, el órgano de dirección de la cámara regional.