El Tribunal Constitucional pide al fiscal que investigue la posible desobediencia de Torrent

El Pleno ha tomado esta decisión de forma unánime y tras constatar que Torrent ha ignorado las notificaciones personales que en las últimas semanas le ha hecho el órgano de garantías en relación a resoluciones aprobadas por la Cámara autonómica.

Fue el propio Gobierno de Pedro Sánchez el que pidió al tribunal que diera este paso, pero lo hizo antes de las elecciones del 10 de noviembre, antes, por tanto, de su propuesta de «desjudicialización» del «conflicto político» en Cataluña.

La Abogacía del Estado solicitó al TC que acordase «deducir oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder por el incumplimiento de las resoluciones» dictadas por el tribunal, en las que declaró la inconstitucionalidad del derecho de autodeterminación y la reprobación del jefe del Estado por parte del Parlament.

El pasado diciembre, el Pleno del TC anuló dos resoluciones de la Cámara autonómica que ahondaban en la autodeterminación y volvió a advertir a Torrent de «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir la nulidad de esos apartados e incisos de dicha resolución, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de incumplimiento de lo ordenado por este Tribunal».