El Tribunal Constitucional tumbará en tiempo récord la resolución independentista catalana

Que la resolución independentista se va a anular se da por hecho desde el mismo día en que el pasado 11 de noviembre el Pleno admitió a trámite la impugnación del Gobierno y la suspendió durante al menos cinco meses. ABC ya adelantó entonces que el fallo sería rápido, aunque por una mera cuestión de plazos (hace apenas unos días el Parlamento catalán presentó sus alegaciones) hasta en el propio tribunal pocos aventuraban que pudiera llegar antes de Navidad. En las últimas jornadas el presidente del TC, Francisco Pérez de los Cobos, ha mantenido reuniones de carácter informal con los magistrados del Tribunal para tomar el pulso de una decisión en la que también en esta ocasión se luchará por conseguir la unanimidad.

Fuentes del TC confirmaron que, tras introducir este asunto esta misma mañana en el orden del día, todos los demás han pasado a la cola, es decir, es el primer recurso que han abordado esta mañana los magistrados. Tras reunirse durante tres horas, los magistrados continuarán deliberando mañana con la intención de dictar sentencia en esa misma jornada o a más tardar, el jueves (los plenos del TC duran tres días).

Lo cierto es que los magistrados tienen el camino abierto hacia una resolución fulminante. La declaración soberanista que el TC anuló por unanimidad en marzo de 2014 estableció las bases de lo que con toda probabilidad repetirán en esta ocasión los magistrados: la soberanía nacional reside en el pueblo español, y el catalán no puede considerarse sujeto político soberano. Sin embargo, a diferencia de aquella ocasión, en la que los magistrados salvaron la expresión «derecho a decidir» entendida como aspiración política, ahora los servicios jurídicos del Estado han pedido al órgano de garantías que la resolución independentista sea declarada nula en su integridad . Y es que en esta ocasión Junts pel Si y la CUP dieron un paso más al establecer directamente el inicio de n proceso constituyente y hacer un llamamiento directo a la desobediencia a las instituciones del Estado, entre otras al propio TC.

Si los apercibimientos sobre las consecuencias de una eventual desobediencia ya eran plenamente efectivos con la resolución suspendida mucho más lo serán ahora una vez analizado el fondo del recurso del Gobierno y declarada la inconstitucionalidad de la resolución. La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y los diputados de la Mesa, así como el presidente en funciones, Artur Mas, y los miembros de su Gobierno, se enfrentan a penas de cárcel e inhabilitación si desobedecen al TC. Al margen de la actuación penal están las multas y suspensiones que el Constitucional puede imponer en virtud de la última reforma de la ley que lo regula.