El tribunal consiente que Villarejo sólo declare por las mañanas ante su «cansancio extremo»

Villarejo se sentó ayer por primera vez en el banquillo y dijo estar dispuesto a contestar a todo aquel, acusación o defensa, que le quiera preguntar, lo que ya hacía prever que su paso por este juicio será muy largo. Fue así como empezó el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción que al cabo de tres horas se suspendió y que se ha retomado ya hoy avanzada la mañana. Esta tarde habrá juicio de nuevo pero sin el comisario. «Me voy a meter en la cama», ha dicho al marcharse cuando agradecía la dispensa del tribunal.

Era el colofón de una mañana en la que por momentos se le ha visto acorralado por las preguntas del fiscal, hasta el punto de subir el tono -apercibimiento de la magistrada Ángela Murillo incluido- para eludir responder a aquello a lo que no parecía querer contestar: todo lo relativo a los datos sensibles de terceros que reflejan los informes vendidos a sus clientes.

Si ayer negó haber manejado nunca información de ese tipo y habló de su propio trabajo para esos clientes en términos de «humo de paja» y «marketing», hoy lo que negaba era haber extraído esa información a cambio de precio del también comisario Enrique García Castaño, que fue jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía Nacional y que se sienta en el banquillo acusado de darle los datos y cobrar por ello. Por descontado, en su turno ante el tribunal negó con fruición haberlo hecho.

Villarejo ha negado por activa y por pasiva haberle pedido datos para sus trabajos privados de investigación y haber pagado por ello -«eso es mentira», «jamás»-. Ha acabado diciendo que cuando en sus apuntes personales aparecían los teléfonos de algunos de los espiados bajo el título «Gestiones BIG» podía ser porque se lo había pedido a cualquier «gran fuente de información o gran base de datos», como «un príncipe saudí» o «un agente del Centro Nacional de Inteligencia». No necesariamente a García Castaño, al que se conocía como «El Gordo».

Y para justificar, que, como dice, esos rastreos de llamadas -que ayer negó manejar- se los podía haber dado alguien del CNI porque «son bastante más laxos en la petición de algún dato tangencial» , vistió de oficialidad aquel encargo y lo sirvió al tribunal como una labor de Estado. Se trataba del espionaje que hizo para la administradora de Procisa, Susana García Cereceda, y lo justificó apelando a que había aceptado esa supuesta misión por «preocupación» de Felipe González por ella, hija, según su tesis, de un íntimo amigo suyo. «Fíjese si es importante mantener a toda costa la imagen del presidente del Gobierno y difícilmente puedo desvincular los intereses de González con intereses oficiales o no», ha alegado.

Todo esto, trufado de intercambios en los que culpaba a la Unidad de Asuntos Internos de manipular la documentación que obra en el sumario, como esos mismos listados telefónicos; y acusaba al fiscal de formular preguntas «tremendamente capciosas» o cuestionaba si los investigadores «le han engañado» o es el Ministerio Público el que se ha dejado engañar. «Contesta a las preguntas de manera que no tiene nada que ver», ha acabado resumiendo Serrano ante el tribunal. «Probablemente como el fiscal», ha espetado Villarejo.

También ha ido respondiendo a preguntas directas, como la relativa a los vehículos de sus empresas que conducían García Castaño y su mujer, con quejas por la falta de acceso a sus agendas personales. En este punto, el fiscal se ha dirigido a la presidencia para advertir de que «el señor Villarejo está intentando confundir a la Sala» y explicar que amén de que los cuadernos que le intervinieron el pasado octubre los puede consultar en el juzgado, los que recogen información sobre ese «BIG» que él no identifica llevan más de dos años a su disposición en la causa y los puede descargar.

Al cabo de un receso, el comisario ha vuelto al banquillo pidiendo disculpas al tribunal por las salidas de tono. Su abogado acababa de pedir la dispensa para acudir por las tardes. Pero la calma con la que ha seguido respondiendo con más o menos evasivas ha durado poco. Llegaba el turno de preguntar por la pieza separada numero 6, el intento de extorsión con un vídeo sexual al ex juez Francisco Urquía por cuenta de los empresarios Juan y Fernando Muñoz y por la que su hijo, José Villarejo Gil, se sienta en el banquillo . Esa es su línea roja.

A la entrada de la sala de vistas, el comisario ya avisaba a los medios de que se iba a desquitar. En la sesión de ayer los empresarios, que han pactado con la Fiscalía para obtener rebajas en su posible condena, reconocieron que hubo un «encargo» por el que pagaron en efectivo 20.000 euros en un despacho en las oficinas de Villarejo. También que a cambio recibieron un informe y dos vídeos comprometedores de Urquía. Uno de 2006, que la Policía da por sentado que grabaron en su día el propio Villarejo y su hijo . Otro, igual de comprometedor, encargado ad hoc ya en 2017.

La lectura que hace el comisario es distinta: «no hubo jamás ningún tipo de contratación» y no fue un encargo sino «un favor» que le habría pedido la mujer de Juan Muñoz, la periodista Ana Rosa Quintana, por el que él no cobró aquel dinero, sino «los agentes del CNI» a los que pagó para que hicieran el trabajo. Son los detectives que se sientan por lo mismo en el banquillo. Villarejo entiende que los dos empresarios han vendido a su hijo a cambio del pacto con la Fiscalía porque sostiene que lo único que hizo en aquella ocasión fue «poner un cable» en una reunión para enseñarles uno de los vídeos.

«Es rotundamente falso y entiendo que haya sido la presión del fiscal para llegar a acuerdos el decir las mentiras que han dicho . Acceda a esos soportes y vera quién es el que me da el dinero y el que en todo momento está solicitándome que le eche una mano por el error de haber fabricado facturas falsas (...) Hay un umbral que no se debe pasar, el haber presionado para que impliquen a mi hijo porque entra y pone un cable. Es un acto canallesco», ha dicho acusando así a los fiscales.

Contra Juan Muñoz -«impresentable», «cobarde»- y su mujer, se ha desquitado igual. «Con los hijos no se juega (...) Lo siento mucho por ella, que la quiero mucho, pero sus hijos no son más importantes que los míos».

Y su hijo ha sido mucho más parco en palabras. A respuestas exclusivamente de su letrado ha negado tener nada que ver con el encargo sobre Urquía y ha limitado su presencia en aquella reunión a solucionar un problema técnico a instancias de su padre. «Yo recuerdo que entré puntualmente a conectar un cable, salí, se me pidió que apagara la luz y la luz está en la puerta principal de la oficina, fuera de la sala de juntas. No volví a entrar, no tenía sentido que estuviera allí», ha señalado.

De los afectados por esta pieza, ha dicho que sólo conocía a Juan Muñoz porque una vez hubo de «recogerle a él y a su señora en un sitio y llevarles a otro». «Vamos, el traslado pero nada más. No he hablado con ellos más allá de eso», ha zanjado.

Por otra parte, en el capítulo de miscelánea -con la que Villarejo habitúa a salpicar sus declaraciones en sede judicial-, hoy ha dejado caer una supuesta «operación Gamba» contra la Reina cuando aún era Princesa, y ha soltado una teoría sobre que los atentados del 17-A en Barcelona y Cambrils fueron un «error grave» de su declarado enemigo, el exdirector del CNI Félix Sanz Roldán, «por calcular mal las cosas para darle un pequeño susto a Cataluña».

Ya se había referido a esto antes, en otro juicio precisamente contra Sanz Roldán. Lo que dijo entonces es que «una de las fuentes avisó del atentado que iba a ocurrir en las Ramblas» y «el CNI dijo que no era fiable porque había trabajado para ellos pero en realidad era un espía marroquí». Hoy ha añadido otra vuelta de tuerca.

Villarejo volverá al banquillo este miércoles en sesión de mañana.