Tres veces «no» de Interior a los magistrados, indignados ante la retirada de los escoltas
Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior, esta semana en un acto - fabián simón

Tres veces «no» de Interior a los magistrados, indignados ante la retirada de los escoltas

Los seis jueces de la Audiencia Nacional piden una valoración individualizada de sus casos. Interior la hará, pero el ministro subraya que es «inasumible» seguir gastanto 160 millones al año

s. e.
madrid Actualizado:

El ministro del Interior dice «no». Tres veces si es necesario. La decisión de retirar la escolta a a los jueces y fiscales del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y Audiencia Nacional no tiene marcha atrás.

Jorge Fernández Díaz insiste en que como ministro del Interior están en condiciones de afirmar que «antes que tarde ETA será disuelta». Así que si la causa de la protección era la amenaza terrorista, esta ha desaparecido y es «lógica» la decisión de retirar los escoltas.

Ante un escenario de ausencia de violencia, es «inasumible» seguir gastando 160 millones de euros al año. El titular del Interior compara la realidad española con la de otros países europeos y concluye que mientras en países como Reino Unido, Alemania, Holanda y Francia el número de personas protegidas se cuentan por decenas, en España son «centenares y centenares» quienes tienen escolta.

Los seis jueces de la Audiencia Nacional piden una valoración individualizada

Los magistrados se niegan a aceptar esta medida y los seis jueces de instrucción de la Audiencia Nacional han pedido una valoración individualizada sobre el riesgo que tiene cada uno. Así lo acordaron Santiago Pedraz, Ismael Moreno, Javier Gómez Bermúdez, Fernando Andreu, Pablo Ruz y Eloy Velasco.

Todos ellos expresaron su «más absoluta preocupación, rechazo e indignación». Critican que Interior no reconoce su trabajo, que desarrollan «en estrecha relación» con las Fuerzas de Seguridad. Los jueces reiteran que la posibilidad de que ETA vuelva a atentar no ha desaparecido y subrayan el riesgo de la delincuencia organizada.

Interior ha respondido que evaluará los riesgos caso por caso y niega que fueran ellos quienes dieran publicidad a la supresión de la protección, como han denunciado los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional. Fueron «los propios interesados» los que desvelaron que la medida iba a aplicarse. Los magistrados afirman que «por desgracia son conocidos públicamente».