Tres siglos de agravios a España

Que Gibraltar sigue siendo un territorio opaco quedó claro en 2013, cuando las autoridades españolas comenzaron a cumplir, con el incremento de los controles en el paso, la normativa del G-20 por la que trataba de poner coto a los paraísos fiscales que cuestan anualmente a la UE un billón de euros. Dos años después, el Gobierno de Rajoy se dio por satisfecho con la incorporación de Gibraltar al acuerdo de intercambio automático de información tributaria, lo que llevó a Bruselas a retirar la consideración de « territorio no cooperativo contra el fraude y la evasión fiscal». Sin embargo, España sigue considerando la Roca un emporio de riqueza de dudosa procedencia.

Pese a que a la firmeza española en la reclamación ha conocido episodios de indudable torpeza -como la visita al Peñón, en 2009, de Miguel Ángel Moratinos como ministro de Asuntos Exteriores o la constitución del llamado Foro Tripartito - la comunidad internacional ha venido amparando a España en el contencioso. El gran hito en este sentido hay que buscarlo en la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de diciembre de 1967: en un contexto en el que las potencias comenzaban a otorgar la independencia a sus antiguas colonias, la ONU estableció que cualquier descolonización del enclave británico debía abordarse mediante las negociaciones bilaterales entre los Gobiernos español y británico. La resolución partía del principio de que «toda situación colonial que destruya la unidad y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas». En definitiva: España llevaba la razón.

La resolución de Naciones Unidas era una respuesta -en sentido opuesto al esperado por los británicos- a la jugada de Londres de tratar de utilizar la descolonización para mantener una colonia mediante el reconocimiento del derecho de autodeterminación de los gibraltareños. Con esa acción, bajo la presión representada por un carrusel de descolonizaciones en la época , el Reino Unido intentaba esquivar la cláusula del Tratado de Utrech que le obliga a ofrecer a España la primera opción para recuperar la plaza si un día decidiese deshacerse de ella. Por tanto, ni Gibraltar tiene derecho a la autodeterminación ni Naciones Unidas respalda la veleidad británica de seguir ocupando un territorio cuya superficie no ha dejado de ampliar en los últimos tres siglos. El problema, aunque previsible, es que los británicos se negaron a cumplir la resolución, algo a lo que tampoco contribuyeron precisamente distintos gestos de distensión por la parte española, como la apertura de la Verja en 1982, que el tiempo y la contumacia británica acabaron revelando inútiles. Hoy, por supuesto, los llanitos siguen disfrutando de un estatuto que solo le reconoce esa llamada «familia británica» a la que viene aludiendo Theresa May en los últimos días.

En cualquier caso, el problema esencial es que Gibraltar no parece dispuesta a renunciar «a seguir viviendo de España bajo el paraguas inglés», en palabras del escritor y periodista José María Carrascal . Más bien al contrario: la colonia ha ido ocupando el istmo nunca cedido, ha tratado de ampliar su «autonomía» a la bahía de Algeciras arrojando grandes bloques de hormigón para impedir la pesca a los barcos españoles o ha protestado con vehemencia porque los accesos terrestres no están abiertos de par en par. Nada nuevo en realidad. Ya en el siglo XIX, tras declararse dos epidemias de cólera entre los gibraltareños, los españoles permitieron establecer barracones provisionales para los enfermos. Aquellos barracones se convirtieron en instalaciones permanentes, entre ellas un flamante hospital inaugurado en 2013.