Uno de los tres etarras detenidos fue protegido por el Gobierno de Chávez

José Lorenzo Ayestarán Legorburu, alias "Basari" y "Fanecas", nacido en Lezo (Guipúzcoa) hace 52 años, es uno de los últimos integrantes de una generación de terroristas que se beneficiaron de la Ley de Amnistía del 77 y que se marcharon a países de Sudamérica tras años de intensa actividad criminal en España.

Se trata por tanto de uno de los veteranos terroristas, que como José Luis Eciolaza Galán, alias "Dienteputo" en los últimos años habría vuelto a integrarse en las filas de ETA y a ocupar cargos de confianza para reforzar una banda acosada por los éxitos policiales.

En concreto, Ayestarán Legorburu vivió durante años en Cumaná un región del Estado de Sucre (Venezuela)y en varias ocasiones se había solicitado su extradición sin que ésta llegara a producirse.

Se benefició de la Ley de Amnistía, para a continuación integrarse en el "comando Axulari". Consiguió huir de la policía española al ser descubierto en febrero de 1979, después formó parte del "comando Araba", cometiendo numerosos atentados como miembro de ambos comandos.

La Audiencia Nacional tiene dictadas varias órdenes de búsqueda y captura contra él en, al menos, diez sumarios. Sus primeros crímenes se enmarcan en el año 1980, donde se le atribuye el asesinato del jefe de los Miñones de Alava, Jesús María Velasco, el 10 de enero; el asesinato del comandante del Ejército

Eugenio Lázaro Valle, jefe de la Policía Municipal de Vitoria, el 13 de marzo y el asesinato de los guardias civiles José Vázquez Plata, Avelino Palma Brioa y Angel Prado Mella en Salvatierra (Álava), el 4 de octubre.

Este terrorista continuó esa intensa actividad criminal en los años posteriores. Así, el 16 de julio de 1982 está acusado de asesinar al delegado de Tabacalera en Vizcaya, Alberto López Jaureguizar y el 22 de septiembre al brigada de Marina Emilio Fernández Arias en Erandio (Vizcaya).

Ya en 1983 se le atribuyen los asesinatos de Domingo Javier García González, propietario del "bar Nicolás" de Algorta (Vizcaya); del agente de Policía Nacional Francisco García San Miguel en Sopelana (Vizcaya), el 13 de julio y el asesinato del ex legionario Angel Martínez Trelles en Bilbao, el 9 de noviembre de 1983.

El Gobierno de Venezuela estuvo a punto de conceder en 2006 la nacionalidad venezolana a cuatro presuntos etarras que se encontraban refugiados en aquel país, entre ellos José Lorenzo Ayestarán, aunque finalmente dio marcha atrás por las presiones del Ejecutivo español. En diciembre de 2006 el colectivo de apoyo a los presos de ETA Askatasuna informó de que las autoridades de Venezuela se habían comprometido con cuatro miembros de ETA a agilizar y facilitar los trámites para obtener la nacionalidad venezolana, lo que les habría permitido evitar su extradición a España. Otros dos terroristas, Sebastián Etxaniz y Juan Víctor Galarza, alcanzaron un acuerdo con Venezuela para ser indemnizados con más de 325.000 euros por haber sido entregados a la Justicia española en 2002.

Ante las protestas del Gobierno español, Venezuela dejó sin efecto días después el "acuerdo amistoso" suscrito con los seis presuntos etarras y que, según un comunicado de la Embajada en Madrid, se había cerrado "sin la debida consulta entre funcionarios del Estado y ciudadanos españoles".

Las relaciones con España "constituyen una prioridad en la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela", aseguró entonces el Gobierno de Hugo Chávez, que reafirmó su compromiso de "diálogo permanente como mecanismo para el entendimiento y fortalecimiento de las mismas".