«Trasladar ese informe al ministro habría sido revelación de secretos»

El propio Grande-Marlaska no habría permitido esta intromisión cuando en mayo de 2006, apenas unos días después del «chivatazo» a ETA en el bar Faisán de Irún, ordenó dos investigaciones paralelas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. La jefatura de Unidades Especiales tenía orden expresa del magistrado de no informar a sus superiores durante el inicio de la investigación. No sería la primera vez que el juez trabajaría codo con codo con la policía judicial y con el temor de que la causa saltara a la esfera política y pudieran aflorar tentaciones de acceder a su contenido, muchas veces declarado secreto.

El destituido jefe de la comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, baluarte en la lucha contra ETA y coordinador del dispositivo policial del 1-O, tenía la obligación de guardar silencio cuando el hoy ministro del Interior requirió a través de terceros información sobre la investigación que se está llevando a cabo en el juzgado de instrucción 51 de Madrid sobre la manifestación del 8-M. Si lo que se está analizando es la presunta comisión de un delito de prevaricación por parte del delegado del Gobierno, parece lógico que la juez quiera mantener al Ejecutivo al margen de las pesquisas, dicen las fuentes judiciales consultadas . Lo «reprobable», «deleznable» y «grave» es que el ministro condicione la continuidad del coronel a la información judicial que pueda obtener de él.

La prudencia y sumisión a la ley respecto a un procedimiento en curso ya había causado a Pérez de los Cobos algún reproche anterior por parte de Grande-Marlaska, en concreto con motivo de la investigación de los CDR, de la que el ministro se enteró con la operación en marcha.

«Si exigieron a Pérez de los Cobos que entregara documentación cuya reserva había sido ordenada por la juez, estaban induciendo a la comisión de un delito de revelación de secretos ; si de alguna manera le hicieron ver que sufriría consecuencias si no entregaba la información, añadieron un delito de coacciones; y si el cese es la respuesta a la negativa de Pérez de los Cobos a cometer un delito, lo han rematado con una prevaricación», señala un magistrado en declaraciones a ABC.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –del que Grande-Marlaska formó parte como vocal hasta junio de 2018, cuando que fue elegido ministro– no, piensa quedarse de brazos cruzados y está a la espera del paso que dé la juez para actuar de una forma u otra. Lo primordial, comentan en el órgano de gobierno de los jueces, es saber qué ha sucedido, porque si de las explicaciones que se den se deduce que hay indicios de un delito , el CGPJ no dudará en dirigirse a la Fiscalía para que investigue.

También hay quien «sospecha» que este episodio no tiene que ver con la investigación de la pandemia, sino que «se trata de una excusa para cumplir con lo pactado con proetarras e independentistas catalanes». «Unos y otros llevan tiempo queriendo cobrarse la cabeza Pérez de los Cobos, así que esta era la excusa para pagar deudas pendientes. El problema es que no es la mejor excusa porque si se demuestra que le han echado por cumplir con una obligación legal estamos hablando de un delito», señala un jurista a ABC.

En esta misma línea, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) emplazó ayer al ministro del Interior a explicar «los motivos de la afirmada pérdida de confianza» y que asuma públicamente que los motivos son ajenos «a la instrucción penal en curso». A juicio de la asociación, se debe restituir al coronel en su puesto «hasta que finalice la instrucción» que su unidad esta llevando a cabo . Y a este respecto, recuerda que el artículo 550 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) señala que los funcionarios de la policía judicial «a quienes se encomiende una actuación o investigación concreta, no pueden ser removidos o apartados» hasta que finalice la misma o, en todo caso, la fase del procedimiento judicial que la originó «si no es por decisión del juez o fiscal competente».

También los artículos 11 y 12 del Real Decreto 769/1987 sobre Regulación de Policía Judicial establecen que esos funcionarios policiales comisionados por la autoridad judicial o fiscal para la práctica de alguna investigación concreta «se atendrán en el desarrollo de ésta a las órdenes y directrices que hubieren recibido, sin que las instrucciones de carácter técnico que obtuvieren de sus superiores policiales inmediatos puedan contradecir las primeras». El artículo 15 ordena a los funcionarios «guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones encomendadas».

La APM recuerda que «cualquier intento de conocer, fuera de los supuestos autorizados, el propósito, curso, contenido o resultado de unas diligencias, o, más grave, de influir en su contenido (...) puede suponer una interferencia en la función judicial que puede afectar al principio de independencia constitucionalmente protegido» , algo que comparte y critica la segunda asociación de jueces, Francisco de Vitoria. "La Policía Judicial, por mucho que dependa del Ministerio de Interior, a quien tiene que informar es a la jueza, que es la única de la que puede recibir órdenes respecto a esa investigación judicial. Ningún responsable político tiene que recibir información de una investigación judicial, no les corresponde y menos si esa investigación les afecta«, señala en declaraciones a ABC su portavoz nacional, Jorge Fernández Vaquero.

También la Asociación de Fiscales ha reaccionado sin ocultar su "malestar" ante lo que perciben como una intromisión. Consideran que este cese puede afectar a la "imagen de independencia e imparcialidad de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en general, y de la Guardia Civil en particular, cuando actúan en el ejercicio de sus funciones de Policía Judicial".

"Desde la Asociación de Fiscales apostamos firmemente por la independencia del Instituto Armado respecto de cualquier injerencia del poder Ejecutivo siempre que actúe como Policía Judicial en el marco de una investigación criminal abierta por un Juzgado –como es el caso- o en unas diligencias de investigación de la Fiscalía. En estos asos ha de actuar siempre con sujeción estricta a las órdenes y directrices de Jueces y Fiscales".

A su juicio, este cese supone una "intromisión ilegítima" del Gobierno en la actuación de la Guardia Civil, y "sienta un inquietante precedente y un ataque a la independencia de criterio e imparcialidad, de la que la Guardia Civil siempre ha hecho gala".