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Trapero se enfrenta a once años de cárcel por un delito de rebelión debido a su rol en el «procés»

La Fiscalía le considera responsable de diseñar y dirigir la inacción de los Mossos d'Esquadra en el referéndum ilegal

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Trapero, en su cita en la Audiencia Nacional IGNACIO GIL

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La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha elevado su discurso y ha solicitado este viernes 11 años de cárcel para Josep Lluís Trapero , el mayor de los Mossos d'Esquadra , por un delito de rebelión. El Ministerio Público considera responsable a Trapero de dirigir la inacción de los agentes autonómicos al servicio del «procés» ilegal.

En su escrito de calificación provisional, el Ministerio Público explica que Trapero «diseñó de forma deliberada» los mecanismos de actuación que impidieron que los Mossos cumpliesen las instrucciones de la Justicia para evitar la celebración del referéndum independentista ilegal, que se desarrolló el 1 de octubre de 2017. La inactividad de los Mossos precipitó la actuación posterior de la Policía y la Guardia Civil para cerrar los colegios.

Gracias a su rango como máxima autoridad, Trapero se dedicó además, según la acusación pública , a informar a los políticos independentistas de las investigaciones policiales y judiciales en marcha para tratar de desbaratar la celebración del 1-O .

El plan ideada por Trapero, avalado por sus superiores políticos también acusados Pere Soler y César Puig , «contemplaba de forma consciente e intencionada la activación de un binomio de agentes de los Mossos en cada uno de los locales que estaba previsto que fueran utilizados como centros de votación y en los que se tenía que hacer efectiva la orden judicial, lo que claramente resulta insuficiente a los fines de lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña», describe la Fiscalía en su relato sobre lo que sucedió.

El Ministerio también atribuye precisamente el delito de rebelión para Soler y Puig, y solicita para ellos once años de cárcel. Soler era el director general de los Mossos y Puig, el secretario general de Interior de la Generalitat. El Ministerio Público narra cómo Carles Puigdemont renovó la cúpula policial en junio y julio de 2017 con el objetivo de asegurar su subordinación a los planes ilegales políticos .

Para la intendente Teresa Laplana, la Fiscalía reclama cuatro años de cárcel solo por el delito de sedición. Le consideran responsable del acoso que sufrió la Guardia Civil el 20 de septiembre de 2017, cuando una masa de independentistas impidió la salida de la comitiva que registraba la sede por orden de un juez. La letrada de la administración de justicia tuvo que escapar por la azotea.

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