Trampas en el solitario
La sustancia del auto del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón consiste en la abolición de facto de la Ley de Amnistía de 1977 para declarar imprescriptibles los delitos del bando franquista y considerar juzgados y prescritos los del republicano
Garzón se atuvo ayer, al declararse competente para investigar las desapariciones del régimen franquista, a una regla insólita según la cual los delitos prescriben o no de acuerdo, no con la propia tipología del delito, sino con la adscripción ideológica de los verdugos que los cometieron. Pues la definición de crímenes de lesa humanidad que recoge el art. 607 bis de nuestro Código Penal sirve perfectamente para las víctimas de los dos bandos, pues en ambos fueron perseguidas por motivos contemplados en dicho artículo, como los políticos o los religiosos.
Desaparecidos del otro bando
Como era previsible, Garzón se acoge al principio «non bis in idem» para considerar que la represión republicana habría sido ya perseguida y juzgada en la «Causa General» franquista. Es conocido que sobre muchos de sus responsables nunca recayó procesamiento ni pena alguna, y de ello hay un caso sobradamente conocido. Asimismo, niega categóricamente que aún existan desaparecidos de tal represión, incluidos los asesinados en sus propias filas, al tiempo que expresa sus dudas sobre si Franco está muerto y enterrado. Así se entiende que no haya proveído el escrito que le presenté para que sumara como desaparecidos a 46 combatientes republicanos asesinados por sus mandos durante la batalla de Teruel. Ellos, también, siguen siendo víctimas de detención ilegal, según el criterio de Garzón, y nadie ha sido procesado y condenado por ello, pero su caso le desmonta toda su argumentación para ceñirse sólo a los desaparecidos de la represión franquista. Aquellos 46 soldados del Ejército Popular no encontraron justicia y piedad entonces, mucho menos bajo el franquismo, y hoy tampoco. Qué le vamos a hacer.
Sorprende además que en su auto Garzón se haga trampas en el solitario. Así, afirma que la conspiración de los sublevados tenía como objetivo destruir los altos organismos del Estado republicano y la forma de Gobierno. De esta manera dice declararse competente sobre esta cuestión según la Ley Orgánica del Poder Judicial, estableciendo así una insólita continuidad entre los organismos del Estado y la forma de Gobierno de la II República, y los que emanan de nuestro ordenamiento como Monarquía parlamentaria.
A la vez que asume que de tales delitos entiende la Audiencia Nacional, por su indudable naturaleza política, Garzón argumenta lo contrario para dictaminar que no pueden acogerse a la Ley de Amnistía: que la conspiración y la represión franquistas son crímenes de lesa humanidad, según el derecho penal internacional, «y por tanto, sin naturaleza de delito político», flagrante contradicción sobre la que el fiscal debería pedirle a Baltasar Garzón que se ponga de acuerdo consigo mismo.
En socorro del Gobierno
No cabe duda de que con este auto, lejos de acudir en auxilio de las víctimas, Garzón ha acudido en socorro del Gobierno, atrapado en el laberinto de la crisis económica y de su propia Ley de Memoria Histórica, una iniciativa legislativa a la que Garzón está poniendo parches, increíblemente, desde una instancia judicial. Y ello porque la ley se ha revelado decepcionante para las expectativas de asociaciones y familias demandantes, perfectamente legítimas en cuanto a la búsqueda e identificación de víctimas desaparecidas.
Que Garzón vaya a solucionar estas demandas se antoja también imposible, y así lo reconoce él mismo en su auto, sin que parezca importarle mucho. La cuestión es seguir prolongando indefinidamente la sórdida utilización política de los lutos nunca cancelados, lo de unos y los de otros.
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