La trama valenciana, absuelta aunque hoy sería ilegal

Entre 2004 y 2006 «la administración se conducía de otro modo», razona el fallo

La juez Samantha Romero, a la salida de la Audiencia de Palma, tras hacerse pública la sentencia del caso Nóos EFE

Luis P. Arechederra y Josep María Aguiló

18/02/2017
Actualizado a las 02:27h.

La Audiencia de Palma considera probado que Iñaki Urdangarín y su socio Diego Torres consiguieron corromper a diversos cargos del Gobierno balear, pero descarta que sus cantos de sirena tuvieran el mismo efecto sobre cinco antiguos altos cargos valencianos.

Aun así, las tres juezas explican ... que los contratos que el Instituto Nóos firmó con los organismos Turismo Valencia y la Ciudad de las Artes -dependientes del Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat de Valencia, respectivamente- estarían hoy al margen de la ley . Cuando se suscribieron, sin embargo, entre 2004 y 2006, «la administración se conducía de otro modo».

Los cinco implicados en la llamada trama valenciana -el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau ; el ex director general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Jorge Vela ; su ex directora de gestión, Elisa Maldonado ; el ex secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat Valenciana, Luis Lobón ; y el sucesor de Vela, José Manuel Aguilar - han resultado absueltos. El tribunal alega que no ha quedado probado que los contratos, por los que Nóos percibió 3,5 millones de euros, se otorgaran por el estatus privilegiado de Urdangarín.

El tribunal argumenta que aquella forma de actuación de la administración (que s e aprovechaba de las contradicciones de la ley para no seguir siempre un cauce reglado) justifica que los acusados pensaran que actuaban de forma legal. Lo sucedido en las Islas Baleares fue diferente . El tribunal concluye que el marido de la Infanta Cristina influyó en los dirigentes baleares, cuyas voluntades «movió» gracias a su «proximidad a la Jefatura del Estado». Es decir, por ser el yerno de Don Juan Carlos, el Rey emérito. Sin esa ascendencia, «el hecho ilícito no se hubiera producido».

Según la sentencia, el Gobierno de las Islas Baleares otorgó la organización de las ediciones de los Illes Balears Forum de 2005 y 2006, a cambio de 2,2 millones de euros, saltándose los cauces legales. Las decisiones «arbitrarias» se revistieron de formalidades (actas y reuniones simuladas) para tratar de otorgar a los contratos una apariencia de legalidad , inexistente.

En la adjudicación, ordenada por el antiguo presidente del Gobierno Balear Jaume Matas, fue decisiva la amistad de Urdangarín con otro de los condenados: el entonces director general de Deportes de la administración balear José Luis Ballester . Urdangarín llegó a exigir a Ballester que el Gobierno balear les pagara por unos servicios que no se habían llevado a cabo. Los condenados por la trama balear son, además de Matas y Ballester, Juan Carlos Alía (gerente de Ibatur); Miguel Ángel Bonet (asesor jurídico de Ibatur); y Gonzalo Bernal (gerente de la Fundación Illesport). Ibatur y la Fundación Illesport fueron los organismos públicos que canalizaron los contratos.