La trama Púnica construyó otros 370 pisos de protección en la Parla de Tomás Gómez

La sociedad Inpousa, propiedad de la familia Cid Sicluna, fue adjudicataria de una parcela en la que construyó 230 viviendas de protección pública . En el mismo Consorcio, Inducon S.A., mercantil controlada por Ramiro Cid Sicluna, consiguió la construcción de otras 140 casas de protección . Además de estas 370 viviendas, la empresa cabecera de Cid Sicluna, Obras y Vías, construyó una residencia para jóvenes y personas con cargas familiares.

Según las fuentes consultadas por ABC, los partidos políticos usaron las adjudicaciones de los consorcios urbanísticos para financiarse mediante el pago de comisiones ilegales. Fuentes de la investigación de la trama Púnica lo confirman.

En el Consorcio Parla Este también recibió adjudicaciones para construir 532 pisos David Marjaliza, número dos de la presunta trama corrupta. El empresario declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco haber pagado la campaña electoral de Tomás Gómez del año 2007 a cambio de las adjudicaciones para construir vivienda protegida en Parla. Los abogados del exregidor socialista emitieron un comunicado negando los hechos y aseguraron que «el Ayuntamiento de Parla jamás adjudicó entre los años 1999 y 2008, periodo en el que fue alcalde Gómez, parcela de suelo alguna a ninguna empresa vinculada a Marjaliza».

Esta aseveración tiene trampa. Las adjudicaciones no las hacía el Ayuntamiento, pero sí el Consorcio Urbanístico Parla Este, en el que el consistorio parleño tenía el 45 por cien de la sociedad gestora. Es decir, el Ayuntamiento sí adjudicaba, aunque lo hacía a través de una sociedad pública interpuesta .

Por otro lado, el sucesor de Tomás Gómez en la alcaldía, José María Fraile, fue detenido e imputado en la trama Púnica, que estalló en octubre de 2014. Está acusado de malversación, organización criminal, cohecho, revelación de secretos, fraude, tráfico de influencias y falsedad documental . Fraile habría recibido comisiones por valor de medio millón de euros a cambio de adjudicar el contrato de eficiencia energética de Parla a la multinacional Cofely, una de las principales empresas investigadas en el sumario de la trama Púnica.