Torrent convoca un pleno exprés para burlar al juez e investir hoy a Turull

Así, hoy, a las 17.00 horas, se celebrará el pleno de investidura con la intención, manifestada por Torrent, de a delantarse al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que ayer por la mañana citó para este viernes a Turull, a quien comunicará su nueva situación procesal. De esta manera, Turull se convertirá en presidente, al menos electo, tras los fiascos de las candidaturas de Carles Puigdemont y Jordi Sànchez.

De todas formas, para que Turull se presente ante Llarena como electo –aunque no será oficialmente presidente hasta que el Rey firme el decreto de investidura– los cuatro diputados de la CUP tendrán que dar su «sí» en la votación de investidura, a la primera, ya que no dará tiempo a una segunda votación (que debería realizarse 48 horas después).

El Consejo Político de la CUP debatirá a las 15:00 horas, según explició la portavoz del Secretariat Nacional, Mireia Boya , asumiendo la necesidad de tomar una decisión rápida ante la celeridad de la propuesta de candidatura de Turull, que JpC y ERC han decidido «sin el acuerdo» con la CUP.

JpC y ERC respondían así a la decisión de Llarena , que ha citado mañana a los 28 líderes secesionistas investigados en la causa por rebelión, y ha convocado a seis –entre éstos, Turull– a una vista de medidas cautelares, en la que las acusaciones pueden pedir su encarcelamiento preventivo.

Si Turull es enviado a prisión provisional , el independentismo tendría la foto deseada y buscada desde que el Gobierno convocó las elecciones del 21-D, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución. La prisión de Turull, además, supondría su posible inhabilitación, cuando llegue el procesamiento firme de la causa.

A Sànchez, el agitador del independentismo en las calles y anterior candidato del Parlament presidido por Torrent, Llarena ya le denegó su salida para asistir al pleno de investidura y a los debates. El magistrado que dirige la investigación contra el proceso independentista ilegal valoró que existía riesgo de reiteración delictiva en el antiguo presidente de la ANC, y preponderó la protección de los valores constitucionales que peligrarían con su posible liberación y reincidencia.

Para que el juez envíe a prisión preventiva a Turull , alguna de las acusaciones del caso –la Fiscalía del Supremo o la acusación popular de Vox– debería solicitarlo en la vistilla, regulada en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que regula el proceso penal. Vox ha comunicado que sus abogados estudian solicitar la cárcel para los seis investigados citados. La última palabra la tendría Llarena, que podría rechazar la prisión y que no puede acordar una medida más grave de la solicitada por las acusaciones.

Además de Turull, los citados para la vista son Carme Forcadell, Josep Rull, Marta Rovira, Raül Romeva y Dolors Bassa. Fuentes conocedoras de la investigación han explicado a ABC que los seis forman parte del «núcleo» del delito de rebelión y serán con toda probabilidad procesados por este delito, el más grave en juego, castigado con hasta veinticinco años de prisión si se comete sin armas. Son los antiguos gobernantes catalanes libres, sin contar a los fugados, más implicados en el proceso ilegal, el plan para lograr la secesión catalana por la vía unilateral, enfrentando a la sociedad catalana contra el Estado. Ellos son los que tuvieron «el dominio del hecho delictivo».

Los seis, además, conservan hoy en día el acta de diputados catalanes, elegidos tras las elecciones autonómicas del pasado 21-D, con lo que mantienen su carrera en la política. Salvo Rovira, la número dos de ERC, los demás ya han pasado por prisión, pero quedaron libres tras pagar una fianza. Las mismas fuentes informan que el juez quiere dar la oportunidad a la Fiscalía de pronunciarse y poder revisar la situación personal de estos investigados, dado el avance de causa, con el auto de procesamiento sobre la mesa y la previsible grave acusación contra los líderes independentistas.

El procesamiento también reactivará en el corto plazo el proceso para traer a España a los fugados, quienes serán procesados en rebelión y cuya ausencia no va a frenar el paso de la Justicia. Lo previsible es que Llarena reactive próximanente las órdenes europeas de detención contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados en Bélgica, y el proceso de extradición contra Anna Gabriel, en Suiza.

A largo plazo, el auto del viernes también será decisivo y marcará el contorno del futuro juicio, el primero en democracia contra dirigentes catalanes por declarar la independencia de forma ilegal. En el procesamiento, el juez instructor cierra la investigación y fija contra qué investigados existen sólidos indicios para ser enviados a juicio. Después llegará la fase para que las acusaciones presenten sus peticiones de pena, el paso previo a la apertura del juicio oral, que se prevé para el mes de noviembre de este año.

En una fase intermedia, el juez elevará el sumario a la Sala de Apelaciones y los encausados podrían recurrir el procesamiento , pedir nuevas diligencias y ralentizar el avance de la causa, para ganar tiempo antes del juicio. Las partes deberán calificar jurídicamente los hechos objeto de la investigación.

La llegada del procesamiento firme –cuando sea confirmado por la Sala de Apelaciones, si es recurrido– desactivará la carrera política de algunos de los investigados. El artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que serán inhabilitados de forma automática aquellos procesados por rebelión, con decisión firme, contra los que se haya decretado la prisión provisional. Esto afectará a los fugados – Carles Puigdemont y cuatro de sus antiguos consejeros– , y a los reos como Oriol Junqueras o Sànchez, como adelantó ABC. Por esta razón es decisivo el futuro inmediato de los seis convocados a la vista de mañana viernes.

En la resolución que fijará quienes son enviados a juicio, y por qué delitos, el magistrado podría dejar fuera de la causa a algunos de los investigados, han informado las mismas fuentes. Llarena podría archivar el caso contra aquellos eslabones menores en el proceso ilegal, al concluir que no existen indicios suficientes contra ellos tras la práctica de todas las diligencias.