Torra desoye a la JEC por tercera vez y el Gobierno renuncia a tomar medidas

Sin embargo, Torra solo hará caso al Síndic de Greuges , cuyo titular en funciones -pues tiene el mandato caducado desde el 2 de marzo- es Rafael Ribó, que está preparando un informe de acuerdo con el propio Torra. Este informe, como pronto, se concluirá mañana. Mientras tanto, fuentes del Gobierno de España señalaron ayer a ABC que no tienen pensado acudir motu proprio a la Fiscalía para que actúe contra Torra. Un Ministerio Público que ya está investigando el caso desde el lunes , día en que Cs lo denunció. Por su parte, la Delegación del Gobierno en Cataluña se limitó a recopilar fotos de los «edificios representativos de la Generalitat» que ayer tenían «presencia de lazos amarillos (...) así como otros elementos» y remitirlos a la JEC.

De esta manera, Torra mantiene el pulso a la JEC y, este martes, por boca de la portavoz autonómica, Elsa Artadi, señaló que no retirará la pancarta partidista en la fachada del Palacio de la Generalitat, en la plaza San Jaime (Barcelona), porque de esta manera, en su opinión, «se preserva la libertad de expresión» . Sin embargo, no descartó que, finalmente, acabe retirando la simbología de parte si así se lo indica el Síndic -el defensor del pueblo autonómico-, lo que supone una clara contradicción en los argumentos ya que el único órgano que tiene capacidad de decisión en este aspecto es la JEC y así lo ha ordenado hasta en tres ocasiones.

La última, ayer mismo, solo una hora después de que los servicios jurídicos del gobierno autonómico insistieran, con un nuevo escrito ante la JEC, que es «difícil» que la Generalitat pueda ordenar el cumplimiento de sus acuerdos ya que, entre otros motivos, muchos edificios de titularidad autonómica son de gestión privada o «autonomía funcional». Además, los abogados informaron a la JEC de que Torra esperará a tomar cualquier decisión en función del informe del Síndic, porque «las opiniones de este órgano son importantes». Más concisa se mostró Artadi sobre esta cuestión. Tras criticar a la JEC, por considerarlo un órgano parcial, Artadi señaló que Torra «está trabajando con el Síndic para valorar si se ha de actuar y cómo, cuándo y sobre qué tipo de pancartas y expresiones se tendría que actuar».

Aunque la JEC lo deja muy claro -en el escrito de ayer, lo reitera: «el acuerdo de 18 de marzo (...) deberá observarse con toda exactitud»-, el gobierno catalán siguió ayer mareando la perdiz para ganar horas y días. También porque las responsabilidades penales (una desobediencia que, tras el correspondiente juicio, podría acabar en una suspensión temporal para cargo público) podrían empezar a extenderse a los consejeros, los altos cargos y los funcionarios adscritos a la Generalitat.

Así, Artadi reiteró en varias ocasiones que la decisión de Torra fue compartida por el conjunto de los consejeros autonómicos , pero que no se acabó materializando en un acuerdo del mismo sino que se acordó que se actuará «coordinadamente» para que «no se utilice como arma política contra el gobierno catalán». Eso sí, remarcó que los altos cargos y los funcionarios a los que les llegue un requerimiento de alguna Junta Electoral pueden actuar «como crean conveniente». De la misma manera que si se ordena a los Mossos d’Esquadra la intervención para retirar la simbología partidista, prohibida durante la campaña electoral. «Harán lo que tengan que hacer, al margen de las indicaciones políticas. Tenemos el máximo respeto, la máxima independencia y damos el máximo apoyo a los Mossos. No es un árbitro», añadió.

Ante esta situación, fuentes del Gobierno de España señalaron que no tienen intención de acudir a la Fiscalía para que se actúe contra Torra por incumplir los acuerdos de la JEC. Más allá de las advertencias que algunos ministros lanzan contra el presidente autonómico catalán, el único movimiento imputable al Ejecutivo llegó de la Delegación del Gobierno en Cataluña.

Cumpliendo el apartado cuarto del segundo acuerdo de la JEC, el fechado el lunes, que instaba a la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, a informar del cumplimiento, o no, de la decisión de la JEC, la Delegación del Gobierno envió a la máxima autoridad electoral una lista de los «edificios representativos» en los que se exhibe simbología partidista (lazos amarillos y carteles y pancartas a favor de los «presos políticos»). Además de la sede oficial de la Presidencia autonómica, en la plaza San Jaime, el informe gubernamental incluye entre otras las fotografías de sedes oficiales de los titulares de ocho Consejerías: Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia; Cultura; Territorio y Sostenibilidad; Empresa y Conocimiento; Interior; Economía y Hacienda; Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación; y Salud. «En todos estos edificios, conforme a fotografías enviadas a la JEC a requerimiento suyo, continuaban exhibiéndose hoy (por este martes) a las 15:00 horas los citados lazos amarillos», señala el informe.

Pero nada más. De hecho, desde la Secretaría de Estado de Comunicación del Gobierno se insistió en que es la JEC quien tiene las «competencias» para «dar los siguientes pasos , tanto si decidiera remitir los hechos a la Fiscalía como si ordenase a las fuerzas de orden público el cumplimiento de su instrucción de retirar los lazos; en este caso, dicha tarea correspondería a los Mossos d’Esquadra, como policía integral desplegada en la Comunidad Autónoma de Cataluña».

Fue esta excusa del Gobierno para no actuar contra Torra la que hizo a los líderes del PP y de Cs mostrar en público su desacuerdo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El presidente de los populares, Pablo Casado, desde Valencia, instó a Sánchez a «poner todos los mecanismos a su alcance» para que se retiren los lazos amarillos y «se respete la neutralidad del espacio público» en campaña electoral.

Por su parte, Albert Rivera, presidente de Cs, desde Madrid, dijo: «Si el señor Torra incumple las resoluciones de la Junta Electoral, el Gobierno de España tiene que hacer cumplir la ley» . El líder de la formación naranja recordó, igualmente, que el presidente de la Generalitat podría estar «prevaricando» e insistió en que Sánchez «debería hacer cumplir la ley a sus socios».