Tensión política ante la renovación de la cúpula judicial autonómica

Estas circunstancias explican que la tensión política sea máxima: no en vano en estos tribunales se dirimirán cuestiones tan trascendentes como el futuro procesal de Artur Mas , la posible desobediencia en la que pueden incurrir nuevos responsables políticos de gobierno y parlamento catalán, los juicios de Gürtel en Valencia o el devenir del caso ERE en Andalucía.

Una de las plazas más importantes es la presidencia del TSJ catalán , en la que, como informó ABC, tiene escasas posibilidades de repetir Miguel Ángel Gimeno, de la progresista Jueces para la Democracia. Su gestión en el caso de la querella contra Mas , la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsejera Irene Rigau –se tardó diez meses en llamarles a declarar como imputados por el 9N-, no ha convencido a buena parte del Consejo, que prefieren en ese puesto a un magistrado más contundente ante el desafío secesionista. Los candidatos que optan a esta plaza con Gimeno son Jesús María Barrientos (de la moderada Francisco de Vitoria) y Fernando Lacaba (de la Asociación Profesional de la Magistratura). A día de hoy parece claro que el Pleno se partirá en dos, y aunque Gimeno recibirá el respaldo de los vocales progresistas, todo apunta a que será Barrientos quien saldrá elegido por mayoría. Y más después de su entrevista en la sede del Consejo, donde expuso cuál sería su postura ante un «previsible» escenario de ruptura: «defenderé a ultranza a los compañeros que ejercen en Cataluña y el cumplimiento de sus resoluciones».

A diferencia de Gimeno, tiene más posibilidades de repetir en el cargo Pilar de la Oliva, actual presidenta del TSJ de la Comunidad Valenciana. Aunque no es santo de la devoción de determinados sectores conservadores relacionados con la era Camps, el perfil neutral de esta magistrada de la APM y el hecho de ser la única mujer que preside un TSJ, juega a su favor en el Consejo. Eso, y que vaya a presidir el primero de los juicios que sobre Gürtel se van a celebrar en la Comunidad Valenciana: un cambio en este momento podría interpretarse como una maniobra contra ella. Máxime cuando su principal rival, Vicente Magro, presidente de la Audiencia de Alicante y también miembro de la APM, ha sido senador del PP. No obstante, Magro cuenta con bastantes apoyos en el sector conservador.

Respecto al TSJ de Andalucía, el hecho de que solo concurra a esta plaza el actual presidente, Lorenzo del Río, garantiza su continuidad en la Presidencia, que hace apenas unos meses estaba en el aire por la forma en la que el magistrado, de Francisco de Vitoria, gestionó el futuro de Alaya en el juzgado de los ERE. Un cambio de última hora, al que contribuyó de forma decisiva la juez sevillana, (que se autodescartó a raíz de una carta incendiaria al CGPJ contra su sustituta, Núñez Bolaños), allanó el camino hacia la renovación de Del Río.

Los otros dos TSJ que tienen que renovarse son los de Castilla-La Mancha y Castilla y León. En el primero se da por segura la continuidad de Vicente Rouco por tercer mandato consecutivo . En el segundo no está tan claro que se reelija al actual presidente, José Luis Concepción porque el bloque conservador (y mayoritario) está dividido entre sus partidarios y los de María José Renedo.

Otro caballo de batalla es la presidencia de la Sala Quinta (Militar), Ángel Calderón se presenta a su reelección también por tercer mandato consecutivo. En principio no debería haber problemas para su continuidad en el cargo, pues su gestión no ha estado marcada por polémica alguna. Sin embargo, y con el precedente de la no reelección de Sieira al frente de la Sala de lo Contencioso hace unos meses, sumado a la mala relación que mantiene Calderón con el vicepresidente del Supremo, Ángel Juanes, puede complicar su continuidad en la presidencia, en la que compite con Andrés Martínez Arrieta y que es la única del Supremo en manos de la APM.

No menos interesante se presenta la elección de dos magistrados para las salas Segunda y Tercera respectivamente. Aunque a ambas concurren un total de diez candidatos, se da por hecho que en la primera desembarcará el expresidente de la APM Pablo Llarena , y en la segunda Fernando Román , este último con polémica: no hace un año que Román era secretario de Estado de Justicia con Gallardón como ministro, y la Sala Tercera es la encargada de revisar los actos del Gobierno. En el mayoritario sector conservador del Consejo no todos los vocales están convencidos con este nombramiento, pero reconocen que es difícil no dar el apoyo a Román, teniendo en cuenta que además de ser amigo personal de Lesmes, fue él quien propuso en su momento nombres de vocales que ahora tienen que votar.