Los CDR tenían 6.000 euros para resistir una semana encerrados en el Parlament

Buigas dio detalles minuciosos de lo que pretencían hacer: entrarían por la puerta principal del Parlament, ya que se les facilitará el acceso desde el interior. Iban a alquilar inmuebles y locales que les proporcionaran seguridad y bases de «intendencia». Para ello necesitarían los servicios de Ferrán Jolis, debido a sus amplios conocimientos informáticos y de telecomunicaciones. El sería el responsable de crear una red de seguridad indetectable para permitir las comunicaciones entre el interior y el exterior del Parlament utilizando las wifis de los establecimientos y restaurantes cercanos.

En conversaciones posteriores, Jolís aportó más detalles sobre encargo, concretando que el objetivo era resistir una semana en el Parlament, que debían contar con dos pisos francos, montar antenas de larga distancia y que el presupuesto sería de unos 6.000 euros, como se ha dicho. El contenido de la misión encomendada al ERT especifia que esta tendrá lugar en el "día D". Según los informes de la Guardia Civil se refieren a la fecha en la que se conocería la sentencia del procés.

La investigación ha tenido conocimiento en función de conversaciones telefónicas de «u n plan de conspiración contra las instituciones políticas del Estado en Cataluña , que consistiría en el asalto posterior ocupación de forma ilegal del Parlamento de Cataluña, con la intención de blindar la institución pública para evitar que se pudiera acceder desde el exterior». En concreto, se explica que Ferrán Jolis, responsable del Comité de Ciberseguridad de CDR a nivel nacional y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), recibió de Javier Buigas, orden del establecimiento de la red de comunicación «segura e indetectable para poder mantener comunicaciones desde el interior del Parlamento, cuya instalación se realizaría en establecimientos y restaurantes cercanos, mediante la usurpación de puntos WiFi públicos y privados». En este contexto, se cita que Jolis manifestó por teléfono «me estoy jugando el culo, porque si me pillan me van a meter terrorismo y banda ordanizada».

Todo lo expuesto, señala la instrucción, queda corroborado en la declaración del detenido en presencia de su letrado, en la que manifestó como el encargo fue realizado por parte de un grupo denominado "CNI Catalán", y transmitido a través de «Txevi», Xavier Buigas Llobet. El detenido, añaden, también declaró que el papel que tendría él una vez asaltado el Parlamento Catalán sería encargarse de la seguridad informática y de las telecomunicaciones, dicho de otra forma él se encargaría de crear una red de comunicación propia, para que todas las personas, entre las que se encontraría el actual presidente de la Generalidad de Cataluña, Joaquim Torra (cuyo nombre codificado Gandalf). «El motivo del encierro y atrincheramiento en el interior del Parlamento, tendría como finalidad la evitación de su detención, una vez realizada la proclamación unilateral de una República Catalana».

Como informó ABC, los nueve miembros del ala más radical de los CDR que fueron detenidos el pasado 24 de septiembre tenían en su poder fotos y mapas del cuartel de la Guardia Civil de Canovelles (Barcelona), lo que hace pensar a los investigadores que este iba a ser uno de sus próximos objetivos. Los arrestados estaban preparados para actuar coincidiendo con el segundo aniversario del referéndum del 1-O y la sentencia del «procés», prevista para la primera quincena de octubre.

En los registros practicados en una decena de domicilios y locales de Cataluña la Guardia Civil interceptó material para confeccionar explosivo Goma 2 y de plástico y termita ya mezclada, según ha podido saber ABC de fuentes de la investigación. La termita es un artefacto incendiario fruto de la mezcla de polvo de óxido de hierro y polvo aluminio que es altamente exotérmico y capaz de fundir estructuras de acero.

Los arrestados, que tenían «una estructura organizada» y capacidad suficiente para movilizar a miles de personas, tenían ya objetivos fijados para atentar con motivo del segundo aniversario del 1-O y como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo. La operación, coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, se ha realizado en Barcelona, Sabadell, Santa Perpètua, Mollet del Vallès y Cerdanyola del Vallès.