Los «tácitos», un producto de la transición

Los conjurados de la Asociación de los que nunca se fió, por ejemplo, otro ministro de Franco, Alberto Martín Artajo, titular en su día de Asuntos Exteriores, eran ya, a pesar de su juventud, extremadamente cautos, posibilistas que practicaban -no todos, desde luego- la máxima jesuítica: «Arar con los bueyes que se tienen», y decidieron encomendar la rectoría al que entonces denominaban «un hombre oscuro»: Abelardo Algora. Lo designaron transitoriamente y permaneció en el cargo veinte años. En la ACNP militaban ya, entre otros, Landelino Lavilla, Eduardo Carriles, Alfonso Osorio, Jiménez Mellado, Andrés Reguera, abogados del Estado, diplomáticos..., que mantenían alguna relación con la Unión de Jóvenes Democristianos (UJDC) que, desde Sevilla, gobernaban los discípulos de Jiménez Fernández, el ministro de Agricultura de la CEDA en la República, que alumbró también los primeros pasos en política de Felipe González. Los «sevillanos» eran fundamentalmente dos, ambos periodistas además: Martín Maqueda y Guillermo Medina, que trabajosamente publicaban una revista: «Peñafort».

De la UJDC salieron más tarde los abogados Peces Barba y Leopoldo Torres. Los dos se fueron al PSOE junto con el director de «Cuadernos para el Diálogo», Pedro Altares, al que soportó la Dirección General de Prensa mejor que al mismísimo Ruiz Jiménez, sencillamente porque éste no tenía carné de Prensa. Los «tácitos» fueron la última hornada de la ACNP y surgieron gracias a la tenacidad de un notario que entonces tenía despacho en Valencia, José Luis Álvarez, y porque creyeron que el asesinato del almirante Carrero Blanco, aquel difuso 20 de diciembre, inauguraba en España una etapa de apertura política hasta entonces francamente impensable.

Sucesión de Carrero Blanco

Lo cierto es que a Carrero le sucedió su ministro de la Gobernación Carlos Arias Navarro, quien dos meses después alumbró en las Cortes un discurso con mucha lealtad al pasado y un poco de aire fresco al porvenir, que rápidamente se conoció como el del «Espíritu del 12 de febrero». Que se sepa, en la redacción de aquel texto metieron la mano (y las prudentes ideas) Gabriel Cisneros, Luis Jaúdenes y un «tácito»: Juan Ortega y Díaz Ambrona, que dirigía la Escuela de Administración Pública, que pertenecía al Cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, y que, semanalmente se reunía con un puñado de amigos, y casi con clandestinidad en un pisito de la calle Santiago Bernabéu de Madrid. Allí trabajan los animosos «tácitos», un gruspúsculo de delfines que no querían denominarse a sí mismos democristianos, pero que sí aceptaban la ambigua titulación de «demócratas» y «cristianos». Como el sistema no admitía partidos o cosa así (Adolfo Muñoz Alonso los había declarado «intrínsecamente perversos» los voluntariosos aspirantes habían fundado como tapadera el Centro de Estudios Comunitarios, una sociedad anónima con vocación de partido político, que luego crearía escuela.En el «Ya» aperturista de Alejandro Fernández Pombo encontraron cobijo los conjurados y cada viernes este periódico y otros diarios provinciales de la Editorial Católica, publicaban un artículo que motivó en una ocasión el secuestro de la publicación.

Los «tácitos» apostaban por la «convivencia nacional democrática», por la «apertura de nuevos cauces de participación en la vida pública», por «el efectivo respeto de los derechos fundamentales», y por la «igualdad de oportunidades entre todos los españoles». Como se ve, un ideario sumamente atrevido que levantó los nervios de los franquistas enquistados y que hizo sonreir a la oposición que, casi toda desde el exilio, todavía no creía en la posibilidad de un cambio de régimen desde el propio sistema.

En fin, aquellas «termitas del Régimen» (así eran llamados desde el «Arriba», el periódico de la situación), tenían un hambre indisimulable de poder -democrático se entiende- y opinaban de todo. Todos los viernes, antes del Consejo de Ministros, los miembros del Gobierno comentaban las «paridas» -la adjetivación del ínclito Ismael Medina, otro preboste del rancio falangismo- de los jovenzuelos, pero lo hacían sin demasiada acritud, hasta que un mal día los habitantes ocasionales de la calle Bernabéu, 5, se empeñaron en escribir un inocente trabajo: «Los sucesores» en el que osaron afirmar que, aparte de Don Juan Carlos de Borbón, entonces «Príncipe de España», según la estúpida acepción que se inventó el dictador, el auténtico sucesor de la maltrecha dictadura de Franco, era, nada menos, ¡qué horror¡, el pueblo español.

«¿Dónde vamos a parar?» clamó Arias Navarro a sus asustados próceres, y el Ministerio de Información y Turismo, León Herrera Esteban, ordenó levantar la subversión cuando el periódico estaba distribuyéndose, y el magistrado juez de Orden Público, Gómez Chaparro, de infeliz memoria en aquel negociado, dictó auto de procesamiento contra el director que había permitido aquel atentado editorial. Corría el mes de octubre de 1975, al juzgado fueron a declarar en masa todos los «tácitos» que, en plan Fuenteovejuna, se dijeron autores del artículo, y el depauperado Chaparro recibió a los azorados neopolíticos de esta guisa: «¿Son ustedes los que van ha arreglar España?». Finalmente salieron del atolladero judicial porque a Franco le dejaron morir antes de que el juez redactara la sentencia.

Así se pasó tres años el Grupo Tácito, entre algunos revuelos, gran adicción de los renovadores del Régimen, y mucha actividad en el momento en que Franco expiró. Unos meses antes «Tácito» se presentó con todos sus efectivos en un hotel de la capital y difundió un famoso manifiesto que, entre otras cosas, se pronunciaba a favor de una conjunción de fuerzas democristianas, liberales e incluso socialdemócratas, para organizar «nuestra vida en un sistema democrático pluralista». La amplia definición no era banal: hacía algún tiempo, corto en meses, largo en conflictividad interna, que los más arriesgados entre los «tácitos» hablaban ya sin prudencia política alguna, de su conversión en un partido político que superara las ideologías clásicas. Eran los que no se habían dejado seducir por la estrecha Ley de Asociaciones que había alumbrado el agónico Régimen y que no corrieron la aventura de la Unión Demócrata Española que organizó el «ministro eficacia» de la época Silva Muñoz, y en la que se agruparon los «tácitos» más posibilistas, como Osorio, Andrés Reguera o el que luego fue ministro de Hacienda con Suárez, Eduardo Carriles.

Franco murió, y en 1976, nació el Partido Popular. Los «tácitos» fueron -así lo dijo una vez uno de sus fundadores- un «producto típico de los primeros tiempos de la Transición», y el primer Partido Popular de España fue el embrión básico de la denostada y ahora menos llorada, Unión de Centro Democrático.

Los gestores de aquel PP fueron José Luis Alvarez, Ortega, Marcelino Oreja, Gabriel Cañadas (el «Tácito» al que Franco tuvo más manía) y una veintena de morigerados políticos que lo tenían todo por delante y que rápidamente admitieron en sus filas a Pío Cabanillas Gallas, al que Franco había destituido por «masón», y José María de Areilza, una pareja que difícilmente se soportaba y que desde el principio, chocaba en un propósito inicial: el de convertir aquel partidillo de cuadros en una amalgama electoral capaz de ganar cuando, por primera vez después de cuarenta años, se abrieran las urnas democráticas en España. Cuando el PP se disolvió y la denominación se la quedó el hoy eurodiputado José Manuel García Margallo, (en el 89 se la cedió por cero pesetas a Aznar), Pío Cabanillas pronunció en defensa de la integración en la UCD que había diseñado desde el poder, Adolfo Suárez González, una de sus mejores frases: «Voy a ser claro». Lo grandioso es que sus interlocutores de entonces le entendieron.