El Supremo vuelve a avalar la imparcialidad del tribunal del «procés»
La Sala del 61 rechaza las recusaciones planteadas contra los siete magistrados
El Tribunal Supremo ha vuelto a avalar este miércoles la imparcialidad de los siete magistrados que enjuciarán el plan secesionista ilegal. La Sala del 61, una sala especial encargada de las recusaciones que afectan a más de dos jueces, ha rechazado por unanimidad la petición de los acusados, que solicitaron apartar a los siete jueces.
Esta recusación, uno más de los frecuentes intentos de los líderes secesionistas por cuestionar al tribunal, se planteó tras la crisis que se desató en el Poder Judicial al romperse el acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Manuel Marchena renunció a ser el futuro presidente, como habían pactado el Gobierno y el Partido Popular.
El mensaje de Whatsapp de Cosidó, el portavoz del PP en el Senado, evidenciaba según los acusados la falta de imparcialidad de Marchena, quien será el presidente del tribunal y el redactor de la sentencia que resolverá qué sucedió en Cataluña. Cosidó escribió que su elección les permitiría controlar «por detrás» la Sala Penal del Supremo.
El propio Marchena calficó de «inaceptable» la petición de los líderes del «procés». «No puedo aceptar la recusación promovida porque carezco de todo interés directo o indirecto en la presente causa», manifestó en el informe en el que se opuso a apartarse .
La Fiscalía del Supremo también rechazó las recusaciones de forma tajante y pidió incluso que se rechazasen de plano, sin valorar el fondo del asunto, que ya se había resuelto en otras ocasiones. El Ministerio Público descarto cualquier «sombra de duda» sobre Marchena, el presidente del juicio al «procés».
Este tribunal -formado, además de por Marchena, por Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela, Antonio del Moral, Ana Ferrer y Andrés Palomo- tendrá en su mano resolver si la actuación de los líderes soberanistas fue o no una rebelión, uno de los delitos más graves del Código Penal, en una sentencia histórica en la democracia española. La Fiscalía considera que los acusados encabezados por Oriol Junqueras asumieron la violencia como un medio necesario para alcanzar la secesión catalana por vías ilegales.
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