El Supremo tendrá que pronunciarse sobre los recursos contra Delgado

En el caso del PP, tal y como adelantó este diario el pasado 4 de mayo, el recurso, anunciado en febrero, se presentó fuera de los focos. Los de Pablo Casado esgrimieron contra el nombramiento que Delgado a su juicio no cumple el requisito de «idoneidad» para el cargo por «falta total de objetividad y de imparcialidad».

«Es la ministra número 23 del Gobierno de Pedro Sánchez. No se puede elegir fiscal general a un miembro del Gobierno socialista que, además, participó en actos electorales del PSOE lanzando proclamas muy duras contra un partido político, el PP », con el que competía en las urnas, decían los populares. Ven así declarada una «aversión» pública hacia el principal partido de la oposición incompatible con la imparcialidad que debe presumirse a la más alta responsable del Ministerio Público.

En este sentido, inciden en que debe declararse la nulidad de su nombramiento, «porque constituye una desviación de poder al ser un fraude constitucional ».

«Delgado no reúne la apariencia de imparcialidad imprescindible dada su vinculación con el Gobierno y el PSOE. La ex ministra entregó la cartera a su sucesor el 14 de enero, el mismo día en que se propuso su nombramiento como fiscal general del Estado. ¿Es esto imparcialidad? », planteaban ayer desde Génova, donde se describe a Delgado como «una persona muy ideologizada».

En el caso de Vox, el recurso se formalizó el pasado 28 de julio con una línea argumental muy similar: « No cumple los requisitos de idoneidad ni de imparcialidad que deben regir dicho cargo ».

El partido que lidera Santiago Abascal incide en que cuando se trata de la idoneidad, es incompatible con el hecho de que Delgado, fuese reprobada tres veces durante su etapa como ministra (dos en el Congreso y una en el Senado).

El recurso, firmado por la vicesecretaria Jurídica de VOX, Marta Castro, argumentaba este asunto, al tiempo que ponía en duda que el informe del Consejo General del Poder Judicial con el que pasó el primer trámite para poder ser designada fuese realmente un aval. En opinión de los servicios jurídicos de Vox, aquel dictamen «no puede considerarse válido» porque «expresamente se ha excluido del juicio de los Vocales del Consejo el requisito subjetivo, el atinente a tratarse de una jurista de reconocido prestigio, pues, sobre dicho requisito, pivota el juicio de idoneidad» .

Su tercer argumento clave es sobre la imparcialidad y recuerda el informe firmado por los siete vocales del CGPJ que votaron contra el nombramiento, para incidir en que a si fue diputada del PSOE no se puede presumir que es imparcial.