El Supremo rechaza las dos querellas de las asociaciones de memoria histórica contra dos magistrados

La primera de estas querellas, ratificada el pasado de 27 de abril, se dirigía únicamente contra el juez Saavedra, al que las asociaciones acusan de prevaricar por haber seguido interviniendo en la causa abierta sobre al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón pese a haber sido recusado.

La segunda de las querellas archivadas fue interpuesta el pasado 12 de abril por la Asociación Memoria de Mallorca (MdM) y la de Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña (ARMHC) TB contra Saavedra y contra el instructor de la causa penal abierta a Garzón por el asunto de la memoria, Luciano Varela. En este caso, los querellantes consideraban que ambos magistrados cometieron prevaricación en las resoluciones que pueden llevar al banquillo al juez de la Audiencia Nacional.

La representante de la Cordinadora de Colectivos de Víctimas Franquistas, Llani Alvarez, fue la encargada de presentar la querella el 12 de abril y leyó un comunicado a las puertas del alto tribunal señalando que ambos magistrados habían vulnerado el derecho con el fin de sentar a Garzón en el banquillo, lo que supone "un ataque frontal contra las víctimas" de la represión franquista, a las que dejan en un "total desamparo", informa Europa Press.

Respecto a Varela, las asociaciones consideran que prevaricó al mantener la imputación a Garzón a sabiendas de que los argumentos empleados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 para investigar el franquismo son defendibles jurídicamente, suponen la aplicación de pactos y convenciones internacionales y estaban dirigidos a perseguir delitos contra los derechos humanos.

Por lo que se refiere al presidente de la Sala de lo Penal, los querellantes consideran que también ha dictado resoluciones injustas al desestimar todos los recursos interpuestos por Garzón en su defensa, denegar la personación de las asociaciones de memoria en esta causa y no haber resuelto todavía sobre quien tiene la competencia para investigar las fosas, tal y como le han planteado juzgados como el de Granada y El Escorial (Madrid).