El Supremo da la razón a la Junta Electoral Central e inhabilita a Torra, que se atrinchera con su acta

Aunque el margen de maniobra es prácticamente nulo, la siguiente decisión corresponde al presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent (ERC) , que debe aplicar lo ordenado por el Supremo y tramitar la baja de Torra como miembro de la Cámara legislativa catalana y el alta del siguiente de la lista de JpC en las elecciones de 2017. En este sentido, también este jueves, la Junta Electoral Provincial de Barcelona (JEP) acreditó a Ferran Mascarell como diputado de JpC, pero en sustitución de Carles Puigdemont, que ya tiene la condición de eurodiputado. El sustituto de Torra debería ser Maria Senserrich y así lo advirtió la JEP a Torrent, que si no recibe el nombre del sustituto lo hará «de oficio».

Igualmente, la JEC, que también se reunió ayer, rechazó los recursos de JpC y Torra contra su decisión del 3 de enero y requirió a Torrent «para que de forma inmediata proceda a dar cumplimiento de lo acordado» por la propia JEC «realizando a tal fin todos los trámites necesarios para hacer efectiva la pérdida de la condición del diputado Quim Torra, remitiendo a esta Junta la documentación que lo certifique». Es decir, las miradas se fijan ahora en Torrent, que debe firmar la salida de Torra como diputado .

Ante esta situación y la previsión de que el pleno aplazado esta semana, por los los efectos del temporal Gloria, se inicie el lunes por la mañana, según fuentes parlamentarias consultadas por ABC, el PSC solicitó por escrito a Torrent que pidiera a los letrados, «con carácter de urgencia», un «informe jurídico» que explique la «situación» de Torra como diputado autonómico y, también, como presidente de la Generalitat. Sobre todo teniendo en cuenta la reacción de Torra a la decisión de Supremo, que fue contraria a la de acatar lo ordenado por el alto Tribunal: «Nada ha cambiado» .

De esta manera Torra se mantiene en sus trece y no piensa acatar al Supremo y, por lo tanto, se considera todavía diputado autonómico. «No hay ningún cambio respecto al 3 de enero y a la decisión del pleno del Parlament que aprobó al día siguiente -en referencia a una votación que le ratificaba como diputado en contra de la decisión de la JEC-. Soy diputado y presidente de Cataluña porque así lo decidió la ciudadanía, y porque así lo ratificó el Parlament: no nos echaremos atrás» , aseguró ayer.

Por su parte, los populares catalanes advirtieron a Torrent de las consecuencias de no acatar la decisión del Supremo. Y Ciudadanos presentó un escrito para que el presidente del Parlamento de Cataluña organice el acto de toma de posesión del «nuevo diputado» que sustituye a Torra.

Todo este revuelo político se dio a partir de la una y media de la tarde, cuando la Sala Tercera del Tribunal Supremo avalaba por unanimidad la decisión de la JEC de dejar a Torra sin el acta de diputado y rechazando la suspensión del acuerdo de la JEC que había solicitado el presidente de la Generalitat de forma cautelar hasta que se resuelva el fondo del asunto: si el acuerdo de la JEC es ajustado o no a derecho. Se trataba de la segunda vez que los magistrados daban la razón a la JEC . La primera fue con motivo de su pronunciamiento sobre las cautelarísimas, medidas que, por su carácter de urgencia se toman sin oír a las partes. Los jueces consideraron entonces que la defensa de Torra no había argumentado la especial urgencia para paralizar lo acordado por la administración electoral.

La Sala tomó ayer su decisión en contra del criterio del fiscal, que no se opuso a la suspensión provisional del acuerdo de la JEC, es decir, a que Torra pudiera mantener su escaño, alegando el perjuicio que supondría para el president la pérdida del acta si luego el Supremo acaba dándole la razón. Para los magistrados, despojar a Torra de su acta hasta que resuelva sobre el fondo no crea ninguna situación irreversible y, sin embargo, acordar la suspensión del acuerdo de la JEC supondría «privar de efecto a preceptos legales vigentes». Se refieren así a los artículos 6.2 y 6.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg), que establecen la inelegibilidad de un condenado aun cuando la sentencia no sea firme, por delitos contra la Administración Pública. El Supremo no ve tacha de inconstitucionalidad en ninguno de estos preceptos, sobre los que ya se pronunció hace apenas unos meses, como recuerdan en su auto.

Los cinco magistrados consideran que los argumentos en los que se apoya la defensa de Torra aluden al fondo del recurso, por lo que se abordarán más adelante, en el momento de dictar sentencia. Aprecian, además, que esos argumentos guardan relación con la sentencia por la que fue condenado por el TSJC, es decir, con la vía penal, que es ajena a la de esta Sala Tercera (de lo contencioso-administrativo). Es la Sala Segunda (la penal), y no esta, la que tendrá que pronunciarse -en el marco del recurso de casación del president- sobre la condena por desobediencia al negarse a retirar los lazos amarillos de los edificios públicos en periodo electoral.

Al presidente del Gobierno no le influyó en nada la decisión del Supremo sobre la inhabilitación de Torra. Ayer en Cala Ratjada (Mallorca), una de las zonas más afectadas por la borrasca Gloria, Pedro Sánchez evitó responder sobre si continúa o no con intenciones de reunirse con Torra después del pronunciamiento del Alto Tribunal a favor de la JEC. «Hoy toca hablar del temporal», espetó tajante, informó Ep. «Resolver lo urgente», continuó.

Su evasiva estuvo cargada de fastidio porque, en palabras del presidente, le molesta «hablar todos los días de lo mismo». Durante una rueda de prensa la semana pasada en La Moncloa, Sánchez aseguró que está «encantado» de reunirse con Torra porque «sigue siendo presidente de la Generalitat» hasta que no haya sentencia firme. Conque lo presumible es que se celebre el encuentro a principios de febrero, como estaba previsto.

El silencio de Sánchez recibió la firme respuesta del PP y Cs en el Congreso, nada más conocer el auto, exigieron a Sánchez sin suerte una inmediata cancelación de su encuentro con Torra. El presidente popular, Pablo Casado, dio una primera valoración en San Sebastián, tras asistir a un acto de homenaje a Gregorio Ordóñez. Sin rodeos, amenazó al Gobierno, a Torra y a Torrent, con sendas querellas si el president no cesa en sus funciones , informan Juan Casillas y Gregoria Caro.

La portavoz de Cs, Inés Arrimadas , se preguntó «qué más necesita» Sánchez para dejar de tratar a Torra como a un presidente autonómico más. «Sánchez va a ser el último en asumir que Torra está inhabilitado», lamentó.