El Supremo ilegaliza al PCTV por unanimidad

Con esta decisión del TS y tras casi ocho meses de proceso judicial, la izquierda proetarra conformada por las organizaciones del entorno de la banda terrorista ha vuelto a quedarse sin una sola sigla legal en el Registro de Partidos. Las sentencias del alto tribunal, como ya ocurrió en 2003 con Batasuna, deberán ser revisadas en los próximos meses por el Tribunal Constitucional, al que es previsible que recurran las defensas.

La Sala especial únicamente ha comunicado el fallo de la sentencia, y ha precisado mediante una nota que su resolución conlleva "las consecuencias de toda índole previstas en la Ley Orgánica de Partidos políticos" (LPP). El contenido de la sentencia se conocerá en los próximos días.

Los dos fallos del Supremo convierten en definitiva una situación que arrancó en febrero pasado, cuando el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decretó la suspensión cautelar por tres años de todas actividades de ANV y PCTV dentro del proceso penal en el que tiene imputados por colaboración o integración en ETA a casi 70 dirigentes de ambos partidos, miembros de la última y clandestina Mesa Nacional y responsables de organizaciones de la izquierda proetarra.

Antes de que se hiciera público el fallo, la parlamentaria del PCTV Nekane Erauskin apuntaba que no tenía dudas de que el Supremo iba a ilegalizar su formación, pero adelantaba que recurrirán al Tribunal de Estrasburgo porque se están "conculcando los derechos civiles y políticos de miles de personas". A su juicio, se trata de "una decisión política" que tomó el PSOE y que responde a un "mero cálculo electoral".

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha subrayado que las sentencias del Tribunal Supremo que ilegalizan ANV y PCTV dejan claro que en el Estado de Derecho "no hay sitio" para los que "amparan, encubren o practican la violencia", añadiendo además que el Ejecutivo está utilizando "todas las actuaciones previstas en la ley" para evitar que quien "apoye a los violentos" pueda participar en las instituciones.

Pero desde filas del PP no creen que el camino seguido en los últimos años por el Gobierno socialista haya sido el adecuado. El grupo parlamentario del PP quiere la comparecencia urgente del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que explique en el Congreso la política fiscal del Gobierno tras "tres años perdidos" por la permanencia de ANV y PCTV en las instituciones vascas, según la portavoz Soraya Sáenz de Santamaría.

Muchas otras voces 'populares' se han alzado hoy, como la del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, quien ha asegurado que no puede entender cómo el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el fiscal general del Estado puedan seguir en sus respectivos cargos tras su actuación con el PCTV y ANV. Además, ha criticado que los socialistas estén en este momento "sacando pecho" por la ilegalización de estas formaciones cuando se podía haber hecho antes.

Más dura si cabe ha sido la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuyo análisis es que con las ilegalizaciones la Justicia ha demostrado que "por culpa" de José Luis Rodríguez Zapatero la banda terrorista ETA "está en los ayuntamientos y en el Parlamento Vasco".

El consejero vasco de Interior, Javier Balza, discrepa al igual que muchos representantes vascos de diversos ámbitos. Según ha explicado, las dos últimas ilegalizaciones "no favorecen la lucha antiterrorista". Estas decisiones judiciales, según ha añadido en una entrevista en Radio Euskadi , "no son la solución" para el País Vasco y, además, tienen la consecuencia de "acallar el liderazgo de la izquierda abertzale y sin liderazgo -ha destacado-, no se puede reconducir la situación".

Balza ha reconocido, sin embargo, que "también es cierto que mientras la izquierda 'abertzale' no sea capaz de desvincularse de ETA, no encontrará el camino".