El Supremo archiva el caso Máster al no ver indicios de delito en Pablo Casado

La Sala argumenta que la cooperación necesaria en la prevaricación administrativa se produce cuando el sujeto coopera a la ejecución de un delito con un acto sin el cual no se habría ejecutado. Añade que la jurisprudencia exige dos requisitos para que pueda darse el delito: un concierto de voluntades con el autor , que puede ser previo o simultáneo al acto prevaricador; y una aportación esencial a la ejecución, que generalmente se produce en la fase de preparación.

Además, el cooperador tiene que actuar con un doble dolo: conocer el plan del autor y saber que con su aportación coopera a su éxito.

En este caso que el aforado se matriculara en el máster, que aportara la documentación necesaria, como su expediente académico, y pagara la matrícula « son actos neutrales que fueron ejecutados de la misma forma por todos los alumnos y que, en sí mismos, carecen de sentido delictivo», sostienen los jueces.

En cuanto al reconocimiento de 40 créditos, la Sala asegura que se reconoce en la exposición razonada que era lícito , por lo que no es indicativo de la comisión de una conducta delictiva por parte del aforado, sino que puede deberse a un «cuando menos, irregular comportamiento de los responsables del máster», que dirigía el imputado por la juez de Madrid Enrique Álvarez Conde.

Sobre el uso del título el máster, destaca lo mismo que señaló la Fiscalía: que se trataría de un hecho posterior a la consumación del delito de prevaricación y, por lo tanto, «irrelevante penalmente, bien se cometa ésta al calificar las asignaturas con sobresaliente sin mérito académico alguno o bien se entiende que se cometa al expedir el título, con la misma carencia de merecimientos».

Por último, respecto a la inasistencia a clase, relacionada con el aprobado posterior, la Sala afirma que « tampoco es indicativa de un acuerdo previo». La importancia en este aspecto, afirman los magistrados, «es relativa porque en la exposición razonada se reconoce que no se pasaba lista y que, concretamente, en una asignatura puntuaba solo con un 10 por ciento. De igual forma, dicen, es una actuación imputable «al responsable de su valoración, sin que el hecho de que el alumno se beneficie indique de forma suficientemente consistente que ha existido un previo acuerdo ilegítimo con el profesor».

Tras este análisis, la Sala concluye que, aunque pueda considerarse que de las actuaciones «resultan indicios de que se ha dispensado un trato de favor al aforado, y que ello pudiera merecer otro tipo de consideraciones ajenas al Derecho Penal», y por lo tanto, a las competencias que la Constitución y la Ley atribuyen a esta Sala, de la exposición razonada de la juez Carmen Rodríguez-Medel « no resultan indicios consistentes de que existiera un acuerdo previo o simultáneo del aforado con los responsables del máster para que tal trato le fuera dispensado, ni tampoco que el aforado haya realizado algún acto de aportación relevante al mismo que pueda valorarse como cooperación necesaria, u otra participación de menor intensidad, a un presunto delito de prevaricación, por lo que no se justifica la apertura de una causa penal».

Respecto al delito de cohecho impropio que la juez instructora mencionaba en su escrito al Supremo, la Sala recuerda que la valoración de los hechos debe realizarse en relación con la posición del aforado en el momento de su ejecución, cuando era Diputado de la Asamblea de Madrid , por lo que «deberá existir alguna vinculación apreciable entre el regalo que se dice recibido en la exposición razonada y su función como tal Diputado». Además, ese supuesto cohecho habría prescrito salvo que se entienda que ha cometido en concurso con el de prevaricación. Al no haber prevaricación, no procede examinar ya ese segundo delito, explica.