El Supremo agrupará la lluvia de querellas contra el Gobierno por la gestión de la crisis

Y es que al ya de por sí maltrecho ritmo de trabajo que mantendrá la justicia una vez que cese el estado de alarma habrá que sumar ahora el estudio sosegado de una veintena de escritos en los que, en algunos casos, las rencillas políticas y el legítimo interés en depurar responsabilidades en la gestión de la crisis del coronavirus se manifiestan a partes iguales.

Así, junto con las querellas contra el Gobierno de Pedro Sánchez por no haber tomado medidas a tiempo pese a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se añade alguna contra dirigentes de otras formaciones políticas a los que se acusa desde haber organizado el acto de Vistalegre (Vox) en marzo hasta negligencia en la gestión de las residencias de ancianos (la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso).

Y en medio de la trifulca política, la batalla de las víctimas por conseguir una justicia que se les ha prometido que llegará pero que puede quedarse por el camino si se cierra la vía penal, lo que sucedería si el Tribunal Supremo no admitiera la querella en cuestión o si, haciéndolo, no viera indicios de responsabilidad criminal en la persona o personas objeto de acusación. Ante un hipotético archivo, las víctimas tendrían más difícil explorar el camino de la responsabilidad patrimonial del Estado.

Pero para que esto suceda todavía queda mucho. Desde que se decretó el estado de alarma, la actuación de los órganos judiciales y tribunales se está limitando a servicios esenciales y urgentes, como las causas con preso. De ahí que los magistrados no hayan estudiado esos escritos, algunos basados en meros recortes de prensa. En otros casos, los querellantes hacen una acusación genérica sin identificar de forma individual a la persona o personas a las que consideran penalmente responsables, lo que va a dificultar que el escrito en cuestión prospere.

Por el momento la Sala Segunda del Alto Tribunal no se ha pronunciado sobre la admisión a trámite o archivo de estas denuncias y querella s, que prevé agrupar para facilitar su tramitación. Tampoco sobre si impone fianzas a quienes pretenden personarse como acusación popular, una figura no exenta de polémica en causas con una clara dimensión política, pero necesaria en un momento en el que está cuestionada la apariencia de imparcialidad de la Fiscalía tras el aterrizaje en ella de la exministra de Justicia Dolores Delgado.

Es precisamente al Ministerio Público al que se dará traslado para que informe sobre la admisión o no de esas denuncias y querellas. En la Sala Tercera, donde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos libra otra batalla contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el Ministerio Público ya ha anticipado que en este momento no ve relación de causalidad entre el hecho de que los sanitarios no contaran con todas las medidas de seguridad que habrían necesitado para hacer frente al coronavirus y una omisión por parte del Gobierno . Si en un mero acopio de material el Ministerio Fiscal no ve una relación de causa-efecto parece difícil que sí la vea en homicidios imprudentes, un delito que se repite en muchas de las querellas que han llegado a la Sala Segunda.

Otro de los delitos es el de prevaricación, relacionado con la celebración de las concentraciones que, pese a las advertencias de la OMS, tuvieron lugar en distintos puntos de España. Entre ellas la del 8-M. Precisamente por una presunta prevaricación administrativa investiga una juez de Madrid al delegado del gobierno, José Manuel Franco.

En términos cuantitativos, la querella más importante es la que han interpuesto once abogados con el respaldo de más de 3.000 familias (aunque personadas hay un centenar) contra el Gobierno , al que responsabilizan de las muertes del Covid 19.

Por este mismo delito, junto con el de lesiones y contra los derechos de los trabajadores, también se ha querellado Vox, que habla de «inacciones, omisiones, ocultaciones y falta de previsión» por parte del Ejecutivo.

Abogados Cristianos ha presentado también varias querellas por omisión del deber de socorro, prevaricación y prohibición de culto por el desalojo de las iglesias durante el estado de alarma.