Un colegio electoral de Córdoba durante las autonómicas de Andalucía, el pasado 2 de diciembre
Un colegio electoral de Córdoba durante las autonómicas de Andalucía, el pasado 2 de diciembre - Valerio Merino

El «superdomingo» evitaría doblar parte del gasto electoral

El 26 de mayo es la opción más económica si se adelantan las elecciones generales

Pedro Sánchez comparece para anunciar la fecha de las elecciones generales

MadridActualizado:

Hoy viernes está previsto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncie la fecha de las próximas elecciones generales después de que el Congreso tumbase el miércoles los Presupuestos Generales del Estado en su primer trámite parlamentario. Aunque el jefe del Ejecutivo puede continuar la Legislatura prorrogando las cuentas de Mariano Rajoy otra vez, esta semana en los pasillos de la Cámara Baja se respiraba ya un ambiente preelectoral.

En las quinielas ganan enteros tres escenarios: abril, mayo junto a europeas, autonómicas y municipales, y otoño. A ningún partido parece seducirle la idea de aguantar una legislatura que muchos definen como «agónica», pero las fuerzas políticas se dividen entre celebrar las generales en abril o en mayo, en el llamado «superdomingo». El PP es el único que se pronuncia claramente a favor de aunar todos los procesos para reducir costes, Podemos y Ciudadanos piden que sean «cuanto antes», mientras que el PNV o Coalición Canaria rechazan de plano el «superdomingo» para no «tapar» las municipales ni confundir a los electores. En cualquier caso, fuentes del Ministerio del Interior explican la complejidad de calcular el gasto de los comicios de mayo. Por un lado, las autonómicas dependen de las comunidades y no del Gobierno central y, por otro, las europeas y municipales llevaban sin coincidir veinte años.

Estas fuentes sí admiten que el «superdomingo» evitaría duplicar gastos como el alquiler de Ifema para el centro de datos, el pago a los integrantes de las mesas electorales, las primas a los policías desplegados esos días o algunos de los gastos de papelería y propaganda. Sin embargo, también apuntan las dificultades técnicas en algunos territorios –en Canarias deberían ponerse hasta siete urnas– y el desembolso extra al imprimir las papeletas en distintos colores para diferenciarlas.

Entre 2015 y 2016 se vivió algo parecido a lo que podría suceder este año, cuando se llamó nuevamente a las urnas tras la Legislatura fallida que terminó sin formarse gobierno. Esos dos procesos supusieron sendos desembolsos de 130 millones de euros. Concretamente, el 20-D de 2015 se gastaron 55,1 millones en concepto de administraciones públicas, 12,5 para logística electoral, 12,8 para telecomunicaciones, 1,6 por imprevistos y 48 para el envío de documentación y propaganda. En las elecciones del 26-J de 2016 aumentaron los gastos de administraciones públicas (55,9 millones) y de telecomunicaciones (13,9), pero se redujeron algo los de propaganda postal (46,4).