Un spot de Arguiñano por 161.500 euros para vender desaladoras que no estaban construidas

La actual presidenta del PSOE reconocía en una entrevista en ABC que «era necesaria una puesta en valor de la desalación, porque el PP decidió que era mala por naturaleza... ¡Hicimos hasta botellitas de agua desalada que fui a repartir por la playa!». El coste de 50.000 botellas fue de 23.000 euros aunque el agua solo podía proceder de la planta de Alicante que no pertenecía a Acuamed o la de Carboneras que puso Jaume Matas la primera piedra. Estas dos acciones estarían integradas en un presupuesto que ascendió en los años 2007 y 2008 a casi 18,5 millones de euros.

Ahora que el PSOE de Pedro Sánchez vuelve a «apostar por las desaladoras» en sus «bases para un acuerdo de país sobre el agua » habría que recordar el despilfarro que ha supuesto la desalación. La mitad de las plantas que promovió su actual presidenta están sin funcionar: Bajo Almanzora, por unas riadas; Sagunto, Moncófar y Oropesa del Mar nunca se pusieron en marcha. Una inversión que sumó entre las cuatro plantas un total de 245 millones de euros. Ni siquiera en época de sequía se han activado. Sin contar con los gastos de mantenimiento. Cada seis meses tienen que ponerla en funcionamiento para evitar que se estanque, que nada se oxide y cuidar de las membranas que son la esencia de la planta.

Incluso el Tribunal de Cuentas estimó en un Informe de Fiscalización durante los ejercicios 2010-2011 unos sobrecostes de 215 millones de euros en las plantas aprobadas por el Gobierno del PSOE. El Programa AGUA fue aún más ambicioso y gestionó otros 9 millones en proyectos fallidos como la desaladora del Poniente Almeriense, dos más en Alicante, la ampliación de la planta de Jávea y la desalación en la Marina Alta.

La burbuja del agua por ósmosis inversa estallará antes de las elecciones municipales y autonómicas de 2019. Si las tres desaladoras fantasmas no están operativas antes de marzo del próximo año tendremos que devolver 35 millones de euros de fondos europeos. Tanto los municipios de Oropesa, Benicassim, Xilxes y Moncófar en Castellón como Sagunto en Valencia no quieren bajo ningún concepto que las plantas entren en explotación por la letra pequeña de los convenios firmados con Acuamed durante la etapa de Narbona. El coste de la factura del agua supondría deudas de un millón de euros durante 25 años solo por la amortización de la obra, aunque la exministra asegure que «no fueron contratos leoninos porque había unas expectativas que iban ligadas al uso del agua para las ampliaciones urbanísticas… Nadie les puso una pistola en la cabeza para que firmaran».